Lo que pretende Hacienda, en última instancia, no es fiscalizar a estos colectivos, sino contrastar los pagos que hacen a sus proveedores con las facturas que presentan las empresas y detectar posibles bolsas de dinero negro en la declaración al fisco. José María Mollinedo, secretario general de Gestha, el sindicato de técnicos del Ministerio de Hacienda, señala que hasta la fecha lo que se ha hecho es una inspección censal de las asociaciones para llevar a cabo un control de las compras que realizan, pero para detectar si hay proveedores que no emiten factura. Y recuerda que a esta ley están sometidos otros tipo de colectivos, incluso las comunidades de propietarios o los administradores de fincas.
Aunque estén exentas de pagarlo, Hacienda pretende que todas estas entidades hagan la declaración del impuesto de Sociedades, como si se trataran de una empresa. Con la crisis económica, los ingresos de las administraciones se desplomaron y fue entonces cuando la Agencia Tributaria intensificó su control sobre otro tipo de colectivos y actividades, para evitar que ni un euro quedara fuera de la menguante recaudación pública. Las AMPAS realmente no facturan como tales cantidades grandes. Y la mayor parte de sus ingresos no entran en la obligación de tener que ser declarados.
