Un centenar de familias que entregaron dinero a cuenta a la promotora Aifos para la compra de pisos que nunca recibieron han demandado a los bancos a los que dieron esas sumas, una media de 50.000 euros por unidad familiar, para que les reintegren lo abonado, lo que supondría a las entidades un total de cinco millones de euros si la justicia les da finalmente la razón.
Las demandas, elaboradas por los despachos Jurado Grana y Jiménez Tejada Berrocal bajo la coordinación de Ley 57 Abogados, fueron presentadas a lo largo de la mañana de ayer en la Ciudad de la Justicia de Málaga para que sean turnadas a los juzgados de Primera Instancia.
Carlos Cómitre, director de Ley 57 Abogados, afirma que se trata del primer centenar de demandas frente a los bancos que recibieron estas cantidades anticipadas para hacerse con una vivienda de Aifos.
La norma, de momento, les da la razón porque la Ley 57/1968 obliga a que estas cantidades estén garantizadas por medio de un aval, es decir, si usted da un dinero a cuenta la entidad financiera debe poder acreditar que tiene solvencia para devolvérselo en el caso de que no se construya la casa o se retrase su ejecución. «Esto se lo saltaron la promotora y los bancos en muchos casos, aun siendo conscientes de que los ingresos que se realizaban en sus cuentas procedían de familias que habían dedicado sus ahorros a la compra de viviendas», precisa Cómitre.
El Tribunal Supremo, además, ha fijado doctrina al respecto en varias ocasiones a lo largo de este año, de forma que estableció que las entidades en las que se hubieran depositado cantidades para la compra sobre plano son responsables de la devolución de las mismas si no hubieran vigilado que el aval existiera, añade el letrado especialista en este tipo de procedimientos.
La Ley 57/68 será derogada hoy, por lo que en los últimos meses del ejercicio se ha producido una avalancha de reclamaciones antes de su vencimiento, como ya adelantó La Opinión de Málaga en su edición del pasado 7 de diciembre.
De cualquier forma, la nueva ley regula igualmente esta responsabilidad, por lo que la acción de reclamación puede llevarse a cabo a partir del 1 de enero. Esta, no obstante, es otra vía más para tratar de recuperar el dinero que entregaron los afectados a Aifos y a los bancos en su día, en algunos casos hace más de diez años, pero la posibilidad de obtener su reintegro en el marco del proceso concursal de la promotora malagueña, ahora en liquidación, es muy pequeña. Estas familias se han agarrado a la última balsa que puede llevarles hasta alguna isla habitable. En los últimos días podrían haberse presentado muchas más demandas, puesto que hay más de 2.000 familias afectadas por la compra de pisos que jamás recibieron.
El despacho de abogados coordinador de la acción conjunta considera que podrían recibir una respuesta judicial a lo largo de 2016, pero los órganos de Primera Instancia de la capital están saturados y ya han recibido la avalancha de demandas por el tema de las cláusulas suelo, que han dejado de tramitarse en los dos juzgados de lo Mercantil dado el colapso que soportan desde hace meses.
Aifos debe vender ahora activos por 780 millones de euros para poder hacer frente a las reclamaciones, tras no acabar en acuerdo su concurso.
