Conflicto por el convenio colectivo

Limasa recurrirá la sentencia y la plantilla exigirá su cumplimiento

El comité pedirá al juez que reclame a la empresa un depósito de varios millones por perjuicios económicos

31.12.2015 | 09:46
Operarios del barrido manual en plena faena.

La empresa Limasa ha anunciado su decisión de interponer un recurso de suplicación contra la sentencia del juzgado de lo Social número 8 de Málaga que declara como único convenio colectivo en vigor el de 2010-2012, prorrogado hasta la adopción de uno nuevo. Además, ha presentado en los tribunales una demanda de conflicto colectivo.

El objetivo de ambas acciones, según indicó el concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, es determinar si a partir del 1 de enero se debe aplicar el convenio colectivo de 2010-2012 original o con las modificaciones introducidas posteriormente; se pretende, por tanto, que un juez determine si se introducen en el convenio colectivo firmado en 2010 las modificaciones adoptadas en este órgano en febrero de 2012, en marzo de 2013 y finalmente el principio de acuerdo de diciembre de 2013 que puso fin al paro indefinido.

Por su parte, el comité presentará ante el titular del juzgado 8 de lo Social un requerimiento para exigir el cumplimiento de la sentencia. En ese requerimiento plantearán que el juez reclame a la empresa la entrega de un depósito previo de varios millones de euros en garantía por los daños y perjuicios que causa a la plantilla el incumplimiento del convenio a partir del 1 de enero, según avanzó el presidente del comité, Manuel Belmonte.

Este depósito sería millonario. Baste decir que sólo por el abono de la paga de productividad la empresa debería desembolsar por encima de los 1,8 millones, resultado de abonar los 1.431 euros de dicha paga a unos 1.300 trabajadores. A su vez, el pago de los 140 euros por día festivo trabajado podría superar los 100.000 euros.

Mientras tanto, la empresa seguirá aplicando los acuerdos tal como hasta ahora, lo que significa que el sábado 2 de enero el 25 por ciento de la plantilla fija deberá ir a trabajar, lo que en números redondos supone unos 300 trabajadores que deberían descansar según el cumplimiento de la sentencia; también el 11 de enero comenzará el primer turno de vacaciones, que en aplicación de la sentencia no debería iniciarse hasta mayo.

Por otra parte, la empresa ha vuelto a instar por escrito a la Consejería de Empleo, Empresa y Comercio a que realice los trámites burocráticos finales para el registro como modificación del convenio de los acuerdos alcanzados en la Navidad de 2013 que pusieron fin a la huelga indefinida de basura.

Con estos mimbres, el concejal de Medio Ambiente reiteró que su objetivo no es que este asunto se circunscriba al ámbito judicial, sino que «nos sentemos cuanto antes para llegar a un acuerdo». «No hay que olvidar que lo que se está discutiendo es determinar el punto de partida para negociar el nuevo convenio, por eso proponemos una y otra vez que nos sentemos».

En el comité recuerdan que el 5 de enero habrá mesa negociadora del convenio y «a partir de esa fecha podremos verificar con certeza los incumplimientos de la empres y estaremos justificados para cumplir el mandato de la asamblea de plantear un nuevo conflicto».

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