El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, ha instado a la empresa de limpieza Limasa, al Ayuntamiento y a los trabajadores a sentarse y negociar para llegar a un acuerdo que evite una nueva convocatoria de huelga. Un paro que, aunque no se produzca en Navidad, «dañaría muchos intereses y la imagen de la ciudad», advirtió.

Ruiz Espejo hizo un llamamiento a las partes para que «puedan consensuar un acuerdo que permita desbloquear la situación y no llegar de nuevo a una convocatoria de huelga», una medida que «al final conllevaría un perjuicio para la ciudad».

El máximo representante de la Administración autonómica en la provincia insistió, precisamente, en que «lo mejor es llegar a un acuerdo que evite cualquier perjuicio a los trabajadores de Limasa y también a los intereses de la ciudad».

Ante este conflicto, Ruiz Espejo mostró su «preocupación», ya que «cualquier problema en un servicio esencial como es el de la limpieza provocaría daños en la imagen y en el sector comercial, turístico y de ocio de la ciudad, pudiendo perjudicar sus expectativas».

Interpretaciones diferentes

En todo caso, tal y como expuso a Europa Press, la Junta, como Autoridad Laboral competente, actuará en todo lo que sea necesario: facilitar la conciliación para tratar de llegar a acuerdos que eviten la huelga, y, en caso de que no fuera posible, decretar los servicios mínimos que garanticen la recogida, el tratamiento y el transporte de residuos sólidos urbanos y la limpieza viaria.

La situación entre trabajadores y empresa se va tensando cada vez más pese a que la sentencia del juzgado de lo Social número 8 de Málaga, que da la razón a los trabajadores, estableciendo como único convenio colectivo vigente el de 2010-2012, prorrogado hasta la adopción de uno nuevo, derivó en la desconvocatoria por parte de la plantilla del paro indefinido que había previsto a partir del 14 de diciembre.

El problema radica en que cada parte hace una interpretación de esa sentencia. Para la empresa y el Ayuntamiento -propietario del 49 por ciento del accionariado de Limasa-, al establecer el juez que el convenio está prorrogado, da a entender que tiene en cuenta las modificaciones llevadas a cabo posteriormente, lo que evitaría, por tanto, la recuperación exigida por los trabajadores de todos los recortes de los últimos años.

Para los sindicatos, sin embargo, esa frase significa que desde este 1 de enero tenían que empezar a recuperar todos esos derechos y que el punto de partida para negociar un nuevo marco laboral ha de ser el convenio original firmado en 2010.

Ante las diferentes interpretaciones, Limasa solicitó, incluso, al magistrado una aclaración de la sentencia; una petición que, sin embargo, fue desestimada.

Tras esto, la empresa mixta ha interpuesto un recurso de suplicación contra dicha sentencia y, además, ha presentado una demanda de conflicto colectivo. Todo ello con el objetivo, según argumenta, de determinar si se debe aplicar el convenio tal como se firmó en 2010 o con las modificaciones posteriores.

Los trabajadores, por su parte, han anunciado que solicitarán al juzgado la ejecución de la sentencia y el cumplimiento, por tanto, por parte de Limasa del convenio colectivo suscrito en 2010, al tiempo que han vuelto a advertir, tanto a la empresa como al Ayuntamiento, de que si no es así, convocarán de nuevo una huelga indefinida.