Polémica

Vecinos de la Trinidad denuncian la entrega de viviendas a okupas

La asociación de vecinos critica que la Junta y el Ayuntamiento formalizan la estancia en los pisos cuando las personas llevan unos tres años de okupas

07.01.2016 | 05:00
Patio común en una vivienda social de La Trinidad.

El Ayuntamiento dice...

  • «Sólo se da en algunos casos». El concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, contestó a la asociación de vecinos de La Trinidad y precisó que cuando el Instituto Municipal de la Vivienda detecta «ocupaciones de larga estancia», esta circunstancia se la comunica a la Junta «y sólo en algunos casos le proponemos esta medida». El concejal detalló que para que el okupa u okupas pasen a ser inquilinos legales tiene que cumplir una serie de requisitos: «Primero, que cumpla los informes, que sea una persona en riesgo de exclusión social, con un informe de los trabajadores sociales que asegure que esta persona tiene una vida arraigada y no hay conflicto vecinal». En estos casos, «siempre avalados con los informes», el Ayuntamiento propone a la Junta la regularización de la situación, «para evitar que se premie la patada en la puerta».

El Consistorio responde que no se premia "la patada en la puerta"

La asociación de vecinos de la Trinidad ha criticado la entrega sistemática de viviendas sociales en alquiler a las personas que llevan de okupas un mínimo de tres años. El presidente vecinal Juan Romero ha lamentado esta práctica administrativa «porque hay una lista enorme de gente que está esperando viviendas por lo legal y no las consigue».

Para Romero, que recordó que las viviendas sociales del barrio pertenecen a la Junta de Andalucía pero las gestiona el Ayuntamiento, se trata de «una injusticia total porque no se está quedando una vivienda vacía» y calculó que ahora mismo en el barrio puede haber «de 30 viviendas para arriba» ocupadas de forma ilegal, recalcó.

El presidente también denunció que como al final quien ocupa un piso termina consiguiéndolo, ya se están dado casos en el barrio en los que «a inquilinos normales, legales, les están ofreciendo dinero para meterse ellos porque saben que a los tres años van a poner las viviendas a su nombre».

Además, Juan Romero recordó el caso, publicado el pasado verano por La Opinión, de Inmaculada y Juan José, padres de Alejandro, un niño con parálisis cerebral y un 99 por ciento de minusvalía, que viven en una primera planta de una vivienda social del Llano de la Trinidad sin ascensor y que llevan años reclamando un cambio a una planta baja para dejar de subir y bajar 35 escalones.

Para el presidente vecinal, esta familia podría encontrar rápido acomodo en La Trinidad si no fuera porque vivienda que se queda vacía, vivienda que es ocupada de forma ilegal. «No son okupas como los de los bancos, son personas que no se han metido en una lista legal, porque hay personas con mayor necesidad que ellos, y se la saltan a la torera para meterse ellos», denunciaba el presidente en julio.

En este sentido, se preguntó qué mensaje lanzan las administraciones si quien respeta la ley puede tardar años en conseguir una vivienda mientras que la patada en la puerta puede lograr que una persona tenga acceso más rápido al piso. «Es totalmente injusto», recalcó.

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