La inminente ejecución de la condena del caso Malaya, prevista por la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga para principios de la semana que viene, significa que la Sala decretará el ingreso en prisión y el pago de las multas de los 48 condenados. Luego, las partes podrán solicitar el beneficio de la suspensión de la ejecución de la condena y la Fiscalía de Málaga tendrá que decidir si apoya esas peticiones o, por el contrario, exige que se cumpla la pena de prisión. El fiscal jefe, Juan Carlos López Caballero, explicó ayer que en cuanto a los que han sido sentenciados a más de dos años, la ley obliga a que entren pero para aquellos que no tienen esa pena, el ministerio público estudiará su situación «caso por caso».
La Ley, recuerden, permite que una persona que sea delincuente primaria, es decir, sentenciada a dos años o menos y no tenga antecedentes, pueda ver cómo el tribunal, a su discreción, le suspende la entrada en la cárcel. Los que han sido sentenciados por encima de dos años tendrán difícil escapatoria, pero habrá que ver qué criterio maneja el tribunal y cuál aplica la Fiscalía para hacer sus peticiones.
Tomando como base esos datos, hay 28 sentenciados a más de dos años de prisión y fuertes multas que, en principio, tendrían que entrar por ley-que es flexible-. Uno de ellos es Juan Antonio Roca, castigado a 17 años y fuertes multas, que ya está entre rejas desde hace una década. El otro es Julián Muñoz (sentenciado a dos años), también en el presidio aunque por otras causas. En el caso de los 26 restantes, parece difícil que se libren de la cárcel. En ese grupo están la exalcaldesa Marisol Yagüe, o la ex primera teniente de alcalde Isabel García Marcos.
En cuanto a este grupo, el fiscal jefe fue claro: «Cuando sea obligatorio el ingreso en prisión, es decir, los que tienen más de dos años, hay poco que discutir».
Hay otro grupo de 20 (hasta sumar 48 condenados) que fueron sentenciados a dos años o menos. En principio, estos pedirán el beneficio de la suspensión de la condena una vez que la Sala ordene su entrada en la cárcel y el pago de multas y responsabilidades civiles. Las solicitudes las harán sus letrados y, luego, la Fiscalía de Málaga deberá fijar su posición, lo que significa que tendrá que decidir si pide su ingreso en un penal. Respecto a este colectivo, López Caballero indicó: «En los que tienen menos de dos años, veremos caso a caso».
En su opinión, ello dependerá de la «naturaleza del delito, cómo está el tema de las responsabilidades pecuniarias y la existencia de otras causas penales, pendientes o ya sentenciadas. La suspensión de la condena es un beneficio para delincuentes primarios. Hemos de ir caso a caso. Lo prudente es esperar y que la respuesta no sea discriminatoria».
La sentencia del caso Malaya llegó antes de Navidad a la Audiencia Provincial y la semana que viene, en principio, podría ejecutarse, pero todo está pendiente de que no haya matices de última hora que subsanar.
