El caso Malaya, el mayor golpe a la corrupción política y urbanística de la historia judicial española, llega a su punto culminante, a su final, tras casi diez años de tramitación. Las primeras detenciones se produjeron el 29 de marzo de 2006, y desde ese día está en prisión su principal implicado, el exasesor de Urbanismo de Marbella Juan Antonio Roca. La Sección Primera de la Audiencia Provincial tiene previsto ejecutar a principios de la semana que viene una sentencia en la que fueron condenadas 48 personas entre empresarios, exconcejales y testaferros, llegando así al final del camino, a la cima de un camino procesal que ha desafiado a toda la lógica judicial malagueña.

Pero, ¿qué ocurrirá ahora? El tribunal presidido por José Godino hará público entre el lunes y el miércoles el auto por el que declara la firmeza de la resolución que le ha llegado del Supremo y dará diez días a los 48 condenados para pagar las multas y responsabilidades civiles y entrar en prisión.

De cualquier forma, hay 26 que sí tendrían que entrar, en principio, al haber sido condenados a más de dos años de cárcel y tener que abonar fuertes sanciones. A ellos se suman Juan Antonio Roca, que el próximo 29 de marzo hará diez años entre rejas, y el exregidor Julián Muñoz, condenado únicamente a un bienio de cárcel pero que cumple otras penas: Minutas, el caso Pantoja, etcétera...

Para los 20 restantes, quienes sólo tienen penas de multa no entrarán. El resto tendrá que esperar a ver qué criterio aplica la Audiencia a la hora de concederles el beneficio de la suspensión de la ejecución de la condena. Lo normal es que con dos años o menos y, si no tienen antecedentes, no tengan que entrar, pero recuerden que Isabel Pantoja sí tuvo que hacerlo con una pena idéntica, dado que es una decisión que queda a discreción de la Sala juzgadora.

Los abogados pedirán, inmediatamente después, la suspensión de las condenas y deberá pronunciarse la Fiscalía de Málaga, cuyo jefe, Juan Carlos López Caballero, ya adelantó en este periódico que habrá que estudiar caso a caso. No es lo mismo, por ejemplo, que un exconcejal, pese a tener dos años, tenga antecedentes penales o causas pendientes; o que, por otro lado, no pueda hacer frente a la multa. Todo dependerá de esos dos factores, además de tener arraigo en Málaga y haber cumplido siempre con la justicia. Ésta será una de las claves del caso. De los 95 acusados, 48 fueron sentenciados tras dos años de juicio y hay 26 con riesgo seguro de entrar en prisión. En este grupo, habrá que ver si el tribunal de Godino abre o no la mano, pues, por ejemplo, a quienes tienen menos de tres años tal vez les baste con pagar el dinero, que será el criterio flexible que guiará al tribunal, puesto que de lo que se trata es de recuperar todo el dinero posible para el Estado.

Otra pregunta no resuelta es qué pasará con el dinero. Lo normal es que un acuerdo político permita que todo lo incautado revierta en Marbella, un trabajo que está tratando de liderar con mucho ímpetu el alcalde, José Bernal.

Lo cierto es que el Senado aprobó en octubre una enmienda del Partido Popular a los Presupuestos Generales del Estado para que todos los beneficios por la incautación de bienes en el caso se devuelvan a la ciudad, pero el alcalde prefiere el acuerdo al que él llegó con el ministro de Hacienda en funciones, Cristóbal Montoro, consistente en inversiones directas en la ciudad a partir de este año. Habrá que ver cómo se articula todo. De momento, el dinero tiene que ir, por ley, al Estado.

De cualquier forma, los embargos, una vez firme y ejecutada la sentencia, dejarán de tener efecto sobre el patrimonio y dinero de los absueltos. Los bienes de los condenados pasan a ser gestionados por el tribunal y deberán ir al Estado, en principio. Ya la Sala no tendrá que preguntarle a Roca si está de acuerdo o no con una venta de una parcela o una finca urbana.

Para facilitar hacer líquido el patrimonio de Roca, y que el Ayuntamiento o el Estado reciban dinero que puedan usar rápidamente en su día a día, se ha habilitado una página web en la que se subastarán los bienes de Roca -valorados en 100 millones de euros-. Ésta echará a andar antes de febrero.