La ampliación del puente de la MA-21 sobre el río Guadalhorce será asumida por el Ministerio de Medio Ambiente, siempre que los estudios que realizarán durante este año determinen que el proyecto de mejora redactado en 2004 es suficiente para evitar inundaciones.
Este compromiso fue puesto sobre la mesa ayer durante la reunión que mantuvo el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, con la directora general de Aguas del Ministerio de Medio Ambiente, Lina Ardiles. El encuentro sirvió para clarificar el futuro de este puente, que el Plan de Inundabilidad señala como un posible factor de riesgo de inundaciones.
Ardiles afirmó que el Ministerio realizará este año, apoyándose en al Centro de Estudios y Experimentación de Obras Públicas (CEDEX), un estudio detallado del puente del Guadalhorce para saber si el proyecto realizado en 2004, que está en suspenso desde entonces, se ajusta a los actuales criterios de inundabilidad o hay que modificarlo.
Hay que recordar que las obras de encauzamiento del río que se hicieron en los años 90 ampliaron la capacidad del Guadalhorce para desaguar hasta 4.000 metros cúbicos por segundo. Sin embargo, el puente sólo tiene amplitud para 2.700 metros cúbicos por segundo, constituyendo un embudo ante cualquier riada. De hecho, el Gobierno encargó en 2002 un proyecto para mejorar el puente, construido en los años 50, pero no se llegó a ejecutar.
El análisis del puente se realizará a lo largo del año, con idea de conocer si el proyecto de 2004 se ajusta a los actuales criterios de inundabilidad redactados por la Junta de Andalucía y aprobados el pasado viernes por el Consejo de Ministros.
El alcalde, tras la reunión celebrada ayer por la mañana en Madrid, afirmó que si fuera necesario modificar el actual proyecto de un nuevo puente, el estudio que se va a realizar servirá de base para redactar el nuevo proyecto de ejecución y licitar la obra.
La ejecución del nuevo puente viene asegurada por su inclusión en el Plan Hidrológico Nacional, cuya revisión fue aprobada el viernes pasado. Este plan tiene una vigencia de 2016 a 2021, periodo en el que recibiría financiación del Estado para su ejecución. Además, aparece en el plan de gestión frente al riesgo de inundación, cuya aprobación está prevista para los próximos meses.
La participación del Estado en la construcción de un nuevo puente era necesaria para asegurar su ejecución, en tanto que el presupuesto estimado rondaría los 70 millones de euros.
No obstante, la decisión de construirlo se tomará en la segunda mitad de este año y en la medida en que el estudio del CEDEX determine si tiene capacidad suficiente el actual proyecto o hay que hacer uno nuevo.
El alcalde, además, aseguró que el Ministerio de Medio Ambiente está preparando una modificación del reglamento de dominio público hidráulico que ayudará a aclarar los criterios que deben aplicarse para el uso y clasificación del suelo en casos como el del polígono Guadalhorce y su entorno.
Polémica. El puente sobre el Guadalhorce, a la altura de la Azucarera, es uno de los puntos negros del Plan de Inundabilidad de la Junta de Andalucía, que además ha paralizado las inversiones de mejora o ampliación en los polígonos de la cuenca del Guadalhorce. Para desbloquear esta situación, incluye una serie de medidas correctoras que se deben acometer antes de aprobar cualquier inversión. La velocidad con la que se ejecuten estas actuaciones será clave para desbloquear el crecimiento de nuevas zonas industriales.
La Asociación de Polígonos de Málaga (Apoma) ya ha anunciado que llevará este plan a los tribunales, al entender que no se ha respondido a las alegaciones y no se ha negociado antes.
