Tribunales

El tribunal de Malaya manda a la cárcel a 26 condenados y fija las multas en 550 millones

Los otros sentenciados, 18, eludirán la prisión si pagan o intentan hacerlo y no tienen causas pendientes ni antecedentes

13.01.2016 | 05:00
Imagen de los acusados en el caso Malaya durante el juicio.

Confusión sobre el destino final del dinero del caso

  • El PSOE y el PP defienden una cosa, pero el Supremo dijo que lo incautado debe ir al Estado. El Tribunal Supremo decretó que los casi 550 millones de multas y responsabilidades civiles del caso Malaya vayan al Estado. Es la ley. Sin embargo, a mediados de octubre se aprobó en el Senado una enmienda a los presupuestos de este año, a iniciativa del PP, por el que esas sumas revertirán en Marbella. En concreto, se reducirá la deuda que la ciudad mantiene con Hacienda y la Seguridad Social (300 millones de euros). También se prevén inversiones, pero no se concretan. El PSOE, con el nuevo alcalde a la cabeza, José Bernal, había llegado a un acuerdo con el Ministerio de Hacienda para eliminar de los presupuestos municipales lo que se paga al fisco y a la Seguridad Social y destinar esas sumas a planes de empleo e inversiones en el municipio. No en vano, Bernal criticó duramente el acuerdo del Senado. Pero fuentes judiciales aseguran no saber aún dónde debe ir el dinero, porque lo cierto es que la palabra del Supremo es ley y sólo un acuerdo político puede modificarlo. Recuerden que Malaya es un caso de blanqueo, fundamentalmente, y la ley de Comisos del Estado prevé que el dinero de las multas vaya al país, mientras que en otros asuntos como Saqueo 1 y Saqueo 2, al ser procesos de malversación, las indemnizaciones van al municipio afectado, en este caso Marbella. ¿Dónde irá el dinero?

­La Sección Primera de la Audiencia Provincial de Málaga, que juzgó el caso Malaya, dio ayer en un auto diez días a 26 de los 45 condenados para entrar en la cárcel, dado que el número 27 de la ecuación, Juan Antonio Roca, lleva ya diez años entre rejas. Asimismo, requiere el pago de las multas y responsabilidades civiles a los 18 sentenciados a menos de dos años de prisión, tras lo que alguno de ellos podría recalar en un presidio. Las sanciones económicas suman 549,8 millones de euros.

En el primero de los grupos se encuentran, entre otros, la exalcaldesa Marisol Yagüe (cinco años y medio y 2,3 millones de euros de multa), la ex primera teniente de alcalde de Marbella Isabel García Marcos (3 años y medio y 700.000 euros), otros once exconcejales, la mano derecha de Gil en los 90, Pedro Román (tres años y medio y 8,5 millones en sanciones), o Montserrat Corulla y Manuel Sánchez Zubizarreta, testaferros del Jefe (cuatro años y multas de 30 y 100 millones, respectivamente). Una vez entre rejas, se les requerirá el pago de multas (que suman 547 millones de euros) y responsabilidades civiles (2,6 millones). A todos ellos hay que descontarles el periodo de prisión preventiva y un día por cada diez firmas en el juzgado.

De este primer colectivo, está huido el empresario Andrés Liétor, sobre quien pesa, desde mayo de 2014 como adelantó La Opinión de Málaga, una orden de busca e ingreso en prisión por el Juzgado de lo Penal número 28 de Madrid. Una vez que se requiera a su abogado y procurador para que ingrese en prisión, si no lo hiciere, la Fiscalía Anticorrupción pedirá a la Sala malagueña que se ordene su busca y captura, aunque fuentes judiciales explican que conocen su paradero y que podría ser fácilmente extraditado.

Por otro lado, en los 18 restantes habrá que ir caso por caso, según fuentes judiciales. Ahora, sus defensas pedirán el beneficio de la suspensión de la condena. Todos ellos han sido sentenciados a dos años o menos de prisión, pero lo que evitará que den con sus huesos en un penal será que paguen o tengan intención de hacerlo (un compromiso que se concretará en embargos o con la incautación de parte del sueldo) y que no tengan muchas causas pendientes y antecedentes penales. El fiscal, tras la petición de los letrados, emitirá un informe por cada uno de ellos y el tribunal presidido por José Godino decidirá si entran o no.

En este grupo se encuentran, por ejemplo, el expresidente de Aifos, Jesús Ruiz Casado (un año y diez meses y 2,2 millones de euros de multa) o el expresidente del Sevilla Fútbol Club, José María González de Caldas (seis meses y 30.000 euros). Hay quien sabe que no entrará, como Rafael Gómez Sandokán, que tiene una multa de 150.000 euros por cohecho, e Ismael Pérez Peña, empresario con una sanción idéntica a la del cordobés.

Otro de los que se encuentran entre estos 18 agraciados es Julián Muñoz, el exalcalde marbellí, pero para él no hubo suerte, porque aunque sólo tiene dos años por fraude en Malaya, cumple las penas de Minutas y Pantoja y las que le quedan por venir tras declararse culpable en Fergocon y Goldfinger.

Hay 45 condenados porque el número 46, Francisco Ramírez, funcionario de Justicia, murió el 13 de diciembre de 2013.

En total, hubo 48 absueltos, sobre los que la Sala levanta los embargos que pudieran quedar pendientes. De ellos, fallecieron el tasador José Mora Igeño y el marchante de arte francés del Jefe, Jean Fournet.

Roca es el que mayor pena arrastra, con 17 años, amén de tener que pagar 232,9 millones en multas y 465.505 euros en concepto de responsabilidad civil. Para ello, el tribunal está vendiendo parte del inmenso patrimonio incautado (valorado en 100 millones de euros). Recientemente se ha enajenado su hotel en El Rocío y en breve ocurrirá lo mismo con una casa que tiene en el lujoso barrio sevillano de las Palmeras.

Fuentes jurídicas explicaron que «los concejales se van a diseminar por prisiones de toda España, cada uno buscando estar cerca de sus familiares y conocidos». Montserrat Corulla, por ejemplo, pretende ingresar en una prisión madrileña. En Alhaurín de la Torre, por tanto, entrarán pocos.

Con este auto, se pone fin a casi diez años de instrucción y enjuiciamiento del mayor caso de corrupción política y urbanística de la historia judicial española. Como curiosidad, prácticamente todo el equipo que gobernó Marbella entre 2003 y 2006 tendrá que pasar por el presidio, pero aún queda por ejecutarse la condena del exconcejal Lendínez –que estuvo cinco años huido en Bali– y conocer el paradero del exedil andalucista Carlos Fernández, uno de los reyes de la baraja huido en julio de 2006 mientras hacía el Camino de Santiago.

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