El exalcalde de Marbella Julián Muñoz arrastra una salud cogida con alfileres. Ayer, sin ir más lejos, se desvaneció, sin llegar a perder la consciencia, al final de una maratoniana sesión en el juicio del caso Goldfinger, por el pelotazo urbanístico dado con la parcela marbellí de los Connery. Eso sí, sigue las noticias. Ayer, recordó que él y sus excompañeros de corporación están bajo la lupa de la justicia por las licencias dadas en base a la revisión del PGOU de 1998, que tumbó la Junta. En cambio, «el Supremo ha echado para atrás el PGOU de 2010 y no ha entrado nadie en la cárcel, siendo igual de ilegal».

Muñoz declaró a media mañana y luego aguardó que lo hiciera Juan Antonio Roca, compañero de banquillo. La diferencia entre ambos salta a la vista: el segundo lleva una década en la cárcel y ayer dio una lección de memoria en su declaración, muy técnica. El primero, cerca de las tres de la tarde, se desvaneció o mareó en su silla. Todos sus compañeros de banquillo fueron a socorrerlo, y dos forenses lo atendieron en la sala dos de la Ciudad de la Justicia. Luego, lo llevaron al Instituto de Medicina Legal (IML) para hacerle más pruebas.

El exregidor arrastra graves problemas cardio y cerebrovasculares, además de una diabetes. Ayer presentaba un aspecto muy desmejorado: delgado y sin afeitar. De hecho, minutos antes de su mareo había sido excusado de seguir asistiendo al juicio.

Pero antes había desgranado su rosario habitual de explicaciones sobre lo sucedido en Marbella. Sobre si firmó algún convenio urbanístico de los tres que se discuten en este juicio, y que permitieron construir un edificio de 72 apartamentos en la parcela Malibú, señaló que no recordaba nada, que reconocía su firma si es que estaba consignada en los documentos y que él ha firmado pactos urbanísticos «hasta en los capós de los coches».

Llama la atención que, habiendo sido alcalde, incidiera en que no entendía nada de urbanismo ni sabía un detalle del planeamiento de la ciudad que dirigió. «Jamás, jamás he gestionado un convenio, ni sé cómo se tasaba ni tengo la menor idea». Se conformó con la pena de un año de cárcel para dos delitos urbanísticos (como otros seis exediles), pero no con el fraude.

Su conformidad con la acusación de la Fiscalía Anticorrupción fue un tanto sui generis, pues le echó toda la culpa a Jesús Gil, lo que hizo que el presidente del tribunal, Pedro Molero, le preguntase si es que él era «un autómata, un pelele».

«Cómo voy a cuestionar algo -se refería a los convenios- que viene de Planeamiento, avalado por Jesús Gil y aprobado por los técnicos. Yo no tengo ni idea del planeamiento de Marbella. Siempre me fié de que no me engañaba Gil y me parece que me engañó bastante. Nunca pensé que al firmar hacía algo ilegal. Si lo hubiera pensado no estaría aquí sentado», precisó.

El exregidor se quejó de que ya pasó tres años y cinco días de cárcel por las licencias urbanísticas, y alegó que los convenios se aprobaron «porque diría Jesús Gil y Gil que se aprobaran». «En el Ayuntamiento mandaba Jesús Gil. No estoy echándole las culpas al muerto, estoy diciendo la verdad», indicó. Antes de iniciar su intervención, se mostró dispuesto a contestar las preguntas de la abogada de Roca, Rocío Amigo, pero esta no le interrogó. Sí le echó un capote al Jefe: «Roca no tenía capacidad de firmar decretos».

En cuanto a la relación que mantenía con Roca, precisó: «Nos hemos llevado mal casi siempre». Ahora, dijo, su relación se limitaba a compartir banquillo de los acusados. De inmediato, insistió en que él ni firmaba ni negociaba convenios, y recordó que él iba al Ayuntamiento cuando lo llamaba Gil y una vez a la semana a las comisiones de gobierno. Incluso, pidió, una vez más, perdón a Marbella y lamentó su situación, por el daño hecho a su familia.

El presidente del tribunal desestimó al inicio de la vista la mayor parte de las cuestiones previas y las nulidades solicitadas, así como la suspensión. En cuanto a la pedida por la letrada de Roca, que aseguró que este proceso era «cosa juzgada», indicó que el exasesor tendrá que enfrentarse a los juicios hasta que prescriban los hechos. Sobre las quejas de la situación penitenciaria y de los casos pendientes, señaló el magistrado que «la solución deberá encontrarla vía acumulación» de procedimientos.