Tribunales

Roca dice que el GIL ideó un mecanismo para "exprimir" a los propietarios

Los promotores que querían firmar convenios tenían que pagar el 50% de los aprovechamientos

20.01.2016 | 00:50
Roca y Muñoz, de espaldas, en una imagen esta semana en el juicio del caso Goldfinger.

El exasesor demuestra una gran fortaleza

  • Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo de Marbella, ha declarado a lo largo de varias horas durante dos jornadas en un interrogatorio muy técnico, ya que versó sobre los convenios urbanísticos por los que se le ha procesado. Lo cierto es que él muestra una gran fortaleza, pese a llevar diez años en prisión. Contesta con contundencia, siempre de forma muy correcta, a las preguntas de las partes y hace gala de una memoria prodigiosa durante sus intervenciones.

El exasesor de Urbanismo Juan Antonio Roca aseguró este martes, en el juicio del caso Goldfinger por el pelotazo urbanístico con la parcela que el matrimonio Connery tenía en Marbella, que el grupo GIL ideó un mecanismo para «exprimir» a propietarios y promotores que quisieran firmar un convenio con el Ayuntamiento pidiéndoles el 50% de los aprovechamientos, algo que no tenía «soporte legal».

El Jefe hizo estas declaraciones ayer a preguntas del abogado de Marbella, Alberto Peláez, y en relación a los convenios con las mercantiles Malibú y By The Sea, de principios de la década pasada, que permitieron que, en varias parcelas, entre ellas la de los Connery, se construyera un edificio de lujo con 72 apartamentos. La fiscal cree que Roca se quedó dos de esos inmuebles como pago a sus gestiones.

«El tema del 50% fue un mecanismo del grupo GIL para exprimir a los propietarios y exigirles más, un instrumento para que asumieran y aceptaran, pero no había soporte legal», precisó, para aclarar luego que el «legislador ya ha resuelto estos temas». En teoría, sólo tenían que haber abonado un 10% de esos aprovechamientos.

En cuanto a si él dio un trato de favor en esos convenios a sus promotores, señaló: «Yo no he hecho ninguna rebaja, algo que además era lícito. El interventor dice que el precio es válido», en referencia al dinero en que se tasó cada metro cuadrado de suelo. «Validó mi corrección, porque las cifras eran escandalosamente altas», y negó un acuerdo entre él y el despacho de abogados marbellí que representaba los intereses de Sean y Michelin Connery en esta operación y otros.

Luego, el exasesor se refirió al «caos» que, en su opinión, era el urbanismo de Marbella, y volvió a defender la validez y legalidad de los convenios que sustentan la operación. «Los técnicos han informado conforme tenían que hacerlo y los concejales votaban como tenían que hacerlo, en eso no hay discusión», apuntó, para aclarar después que a «Malibú se le dio un precio diferente –al de otros convenios– por la tipología de suelo».

Bajo su punto de vista, el Tribunal de Cuentas comparó el convenio con la mercantil Malibú con otro de una parcela colindante, pero las tasaciones de ambos eran distintas precisamente porque la tipología del suelo era diferente, «y por ese error estamos hoy aquí».

Su abogada, Rocío Amigo, en un interrogatorio escueto y directo, le preguntó si había recibido dinero o promesa del mismo a cambio de su gestión en esta operación, lo que él negó, y le cuestionó por si alguna de sus 72 sociedades participaron en el negocio, lo que él también rechazó. Incluso, el exasesor se quejó de que los documentos que se le han exhibido en este plenario ya fueron objeto de interrogatorios en el marco de los casos Saqueo 1 y Malaya, tratando de incidir así su letrada en algo que ya alegó en las cuestiones previas: que este asunto es cosa juzgada.

«Se me ha desnudado, se me ha exprimido documentalmente hablando y no ha salido nada», por tanto, «es imposible que yo recibiera o me ofrecieran una dádiva con esos apartamentos».

Respecto al exalcalde de Marbella, Julián Muñoz, aseguró que nunca negoció los convenios ni le acompañó a las reuniones sobre asuntos urbanísticos. Entre ellos sólo ha habido problemas durante la etapa en la que hubo un enfrentamiento entre Jesús Gil y el exregidor –en torno al verano de 2003, antes de la moción–.

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