Justicia

Los juzgados han archivado el 90% de las casos de robos de recién nacidos en Málaga

La Asociación que agrupa a los afectados asegura que la mayor parte de las denuncias han sido sobreseídas por falta de pruebas o por prescripción de los delitos

25.01.2016 | 05:00
Imagen de una manifestación de mayo de 2012 de las mujeres afectadas por las calles del Centro.

Un banco de ADN para las familias afectadas

  • Las seis asociaciones andaluzas que agrupan a este colectivo está intentando desde octubre que se haga un banco de ADN nacional para recoger las muestras de los afectados. En unas semanas, su intención es reunirse directamente con la presidenta de la Junta, Susana Díaz, para exponerle el tema y, si no se consigue hacer a nivel nacional, que se haga al menos en la comunidad autónoma. «Los familiares se han hecho ya, de manera privada, análisis de ADN y lo que queremos es que puedan meter allí sus perfiles genéticos», precisa Salvador Rojas.

El asesor jurídico del colectivo afirma que la mayor parte de los historiales médicos han desaparecido

­La pasión y el dolor con el que muchas madres malagueñas denunciaron el sistemático robo de sus hijos en hospitales de la provincia entre los años cuarenta y principios de los noventa han chocado con la realidad. Los juzgados de la provincia han archivado el 90% de las más de 200 denuncias interpuestas por este asunto, según las estimaciones del asesor jurídico de la Asociación de Bebés Robados de Andalucía (ABEROA), Salvador Rojas.

Hay dos problemas básicos: el primero es que muchos jueces decretan el sobreseimiento por falta de pruebas al no haber suficientes documentos que acrediten la realidad de lo sucedido. Por otro lado, ha pasado mucho tiempo de estos sucesos, por lo que algunos de los delitos han prescrito, pese a que una instrucción de la Fiscalía General del Estado concluyó todo lo contrario hace unos años.

Para nada han servido ni las protestas, ni las reuniones con diversos representantes políticos ni las sucesivas apariciones en prensa de los afectados. El paso de los días ha hecho que muchas de las afectadas hayan perdido la esperanza.

Los delitos investigados son la sustracción de menores, la detención ilegal y la suposición de parto, entre otros, muy difícilmente acreditables hoy, después de tantos años de silencio.

En Málaga, la asociación tiene trescientos miembros, medio millar en Andalucía. «Están desoladas las mujeres, se sienten desamparadas, pero no se les ha dado una respuesta por parte de la Justicia», precisa Rojas.

La mayor parte de estos casos se dieron en el Hospital Civil, aunque también se han denunciado en el Hospital Materno Infantil y en Carlos Haya. «La mayoría de los historiales médicos no aparecen, no sabemos por qué», indica Rojas. El abogado añade que, en muchas ocasiones, se ha esgrimido que las inundaciones de finales de los ochenta dañaron los archivos médicos del Hospital Civil, pero lo cierto es que ellos han hecho pruebas con otros historiales, en concreto de personas no afectadas por estos hechos, y sí han hallado esos documentos.

Asimismo, en los casos en los que las familias sí cuentan con soporte documental, por ejemplo escritos médicos, «estos papeles no coinciden con los del Registro Civil o con los del cementerio de que se trate y, como no hay coincidencias, se archivan los procesos».

Rojas critica duramente a la Fiscalía General del Estado. «Dijeron que estos delitos no prescribían nunca en una instrucción a los fiscales, pero la justicia no ha acatado esa decisión», con la consiguiente catarata de archivos.

Más allá de lo que dice Rojas, parece claro que investigar unos hechos acaecidos hace varias décadas es un reto para cualquier juzgado. Una oficial del Grupo de Homicidios de la Policía Nacional se encargó del tema unos años, pero aun hoy nadie tiene respuestas.

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