Empresa mixta de limpieza

Limasa bajará los salarios si se ve obligada a cumplir el convenio de 2010

Concejales de PSOE y Málaga Ahora recibieron ayer este anuncio por boca del gerente de Limasa, Rafael Arjona

28.01.2016 | 05:00
Una de las reuniones celebradas entre comité y empresa.

La reunión de la mesa negociadora, con la presencia de ediles de la oposición, constató el bloqueo de la negociación.

La dirección de Limasa plantearía un descuelgue salarial para la plantilla si se ve obligada finalmente a cumplir el convenio colectivo de 2010/12 que defienden los trabajadores. El gerente de la empresa, Rafael Arjona, anunció ayer esta medida en la reunión con el comité de empresa y con la presencia de varios concejales del Ayuntamiento, según explicaron a este periódico la concejala socialista Begoña Medina y el concejal de Málaga Ahora Juan José Espinosa, que estuvieron presentes en la reunión.

Para la aplicación de un descuelgue salarial la empresa alegaría causas económicas como es no disponer de los más de 8 millones suplementarios que necesitaría la empresa para aplicar el convenio de 2010-2012, especialmente en lo relativo a paga de productividad o aplicación de descansos y vacaciones.

El descuelgue salarial es una medida contemplada tras la reforma laboral de 2012 que permite a una empresa dejar de aplicar un convenio cuando concurren determinadas causas. En este caso se trataría de un descuelgue salarial que supondría establecer un salario inferior al que el trabajador tiene pactado en convenio, durante un periodo de tiempo determinado.

La reunión de ayer de la comisión negociadora del convenio, sirvió, según los presentes, para constatar la situación de estancamiento en que se encuentra dicha negociación.

Fue la primera reunión a la que asistieron concejales de los grupos municipales. Lo hicieron del PSOE y de Málaga Ahora, excusó su asistencia el grupo de IU, mientras que Ciudadanos declinó asistir y sorprendió al resto la incomparecencia del edil de Medio Ambiente y responsable de Limasa, Raúl Jiménez.

Negociación estancada. La reunión se saldó sin avances ya que ambas partes, de manera especial la empresa, prefieren esperar a que el juzgado vuelva a dictaminar y a pronunciarse sobre la ejecución de la sentencia del Juzgado de lo Social número 8 que declara como único convenio colectivo vigente el de 2010-2012, tal y como defendían los trabajadores.

Aún así, la representación laboral mostró su disposición a negociar varios aspectos concretos del convenio que están cuestionados por parte de la empresa. Tal es el caso de la paga de productividad y del periodo para aplicar las jornadas de vacaciones. La negociación sobre estos aspectos sería posible, según señaló Manuel Belmonte, presidente del comité, en el escenario de una municipalización de la empresa o de un contrato que plantee condiciones diferentes al actual y que culmina en febrero de 2017. «Se trata de hacer ver que en el comité no estamos encasillados y sí estamos dispuestos a hablar. Queremos transparencia pues no tenemos nada que ocultar».

La polémica en esta negociación se debe a las diferentes interpretaciones de la sentencia del Juzgado de lo Social número 8, ya que, para la empresa y el Ayuntamiento, al establecer el juez que el convenio está prorrogado, da a entender que tiene en cuenta las modificaciones posteriores, lo que evitaría, por tanto, la recuperación exigida por los trabajadores de todos los recortes de los últimos años. Para los sindicatos esa frase significa que el 1 de enero de este año tenían que haber empezado a recuperar todos esos derechos y que el punto de partida para negociar un nuevo marco laboral ha de ser el convenio original.

Por el momento no se ha convocado una nueva reunión y tampoco hay fecha para la comisión en la que se analizarán cada una de las sanciones impuestas por bajo rendimiento.

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