Tribunales

Los condenados por Malaya van al Constitucional como última esperanza

Fuentes de las defensas aseguran que se han presentado entre 15 y 20 recursos basados en que no se puede aumentar la pena sin haber escuchado al imputado y sin alterar los hechos probados

30.01.2016 | 05:00
Imagen de los encausados en el caso Malaya.

­Los 45 condenados en el caso Malaya, contra la corrupción política y urbanística de Marbella, ven en el Tribunal Constitucional el último recurso de salvación, una sensación particularmente intensa entre 21 de los 26 sentenciados que han entrado esta semana a la cárcel para cumplir su condena. Quedan cinco por hacerlo por diferentes motivos. Lo cierto es que fuentes de las defensas aseguran que se han presentado entre 15 y 20 recursos de amparo ante el órgano que interpreta la aplicación de la Constitución, y creen que ahí podría haber posibilidades de que se enmendase la sentencia del Supremo.

Muchos de los exconcejales del GIL han pedido a sus letrados un recurso de amparo porque la Audiencia Provincial de Málaga les impuso dos años por cohecho para acto injusto y el supremo aumentó las penas a los tres años y medio –algunas hasta los dos años y medio–, al elevar la gravedad del delito.

Los letrados hablan de que hay sentencias del Tribunal Constitucional y del Tribunal Europeo de Derechos Humanos que inciden en que no se puede elevar la condena de un imputado sin haberlo escuchado y sin alterar los hechos probados. Los encausados en Malaya, explican las defensas consultadas, declararon en el juicio y luego fueron condenadas en primera instancia. Tras el recurso, se celebró la correspondiente vista en el Tribunal Supremo y las penas a los concejales fueron elevadas, bien es verdad que sin cambiar los hechos probados, pero sí sin haberlos hecho comparecer en segunda instancia, añaden. Ello obligaría, sostienen, a que se les rebajase otra vez el periodo de reclusión. Esa es la razón que sustenta los recursos de amparo.

«De momento, se habrán presentado unos 15 o 20 recursos de amparo, los de los concejales incidiendo en que no se puede agravar una pena sin haber escuchado antes a un imputado, aunque es verdad que el Supremo no alteró los hechos probados, pero tal vez tendría que haberlo hecho si decidió subir el tiempo de cárcel», dicen estas fuentes.

La clave es que la Audiencia malagueña condenó a los concejales por haber recibido pagos de Juan Antonio Roca pero las pruebas no permitieron conectar cada abono de dinero con un acto administrativo injusto, o incluso, habló de actos injustos no ejecutados y por eso impuso una pena menor, pero el Supremo la elevó y ello ha motivado que muchos concejales que sólo tenían dos años de prisión en primera instancia hayan tenido que entrar una vez que el Supremo declaró firme la sentencia del caso Malaya.

En cuanto a los condenados por blanqueo de capitales, los recursos de amparo se han centrado básicamente en volver a negar que los condenados supieran de dónde venían realmente el dinero. «El Constitucional puede tardar un par de años o tres en resolver este asunto, y podría decidir suspender la entrada en la cárcel de los afectados antes de su fallo», aclaran.

Por otro lado, hay dieciocho condenados a menos de dos años de cárcel y a multas de diversa cuantía, que podrían entrar según la decisión que tome el tribunal malagueño, porque la premisa es que, quien pague, se libra de la cárcel. Ese es el argumento más sólido, pero los magistrados van a tener en cuenta también las causas pendientes y las que ya se han celebrado.

Muchos de los encausados en este caso entraron en pánico cuando conocieron que Isabel Pantoja, condenada a dos años de cárcel y a multa por blanqueo, tuvo que entrar en la cárcel pese a que podía haberla eludido si la Sección Segunda de la Audiencia hubiera accedido a ello, pero finalmente la Sección Primera no ha aplicado el mismo criterio. Los próximos días serán claves para conocer la decisión en cada caso.

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