El Juzgado de Instrucción número 8 de Málaga ha tomado declaración este martes a dos investigados dentro de la causa por las presuntas irregularidades en las subvenciones para cursos de formación a desempleados, con compromiso de contratación, del Servicio Andaluz de Empleo (SAE) en Málaga, denominado caso 'Edu'.
Así lo han confirmado a Europa Press fuentes judiciales. En este caso, se trata de una empresa ubicada en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) en Málaga, a la que se le concedió una subvención en la convocatoria del 4 de noviembre de 2010 para impartir un curso de administrativo comercial.
La subvención fue de 79.900 euros, de la que sólo se ha pagado el un anticipo, aunque la empresa reclama el resto, porque el curso se dio y lo terminaron ocho alumnos, de los que se contrató a cinco. Según las fuentes, la investigación se refiere a supuestas irregularidades en gastos realizados para llevar a cabo el curso.
Está previsto que la próxima semana comparezcan otras dos personas relacionadas con esta misma empresa. En el marco de estas diligencias, ya han declarado ante el juez unos 40 investigadas, vinculadas con distintas sociedades que accedieron a este tipo de ayudas.
En esta causa se investigan por el momento delitos de falsedad, estafa o fraude en subvenciones, así como prevaricación o tráfico de influencias. La Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) en la Seguridad Social apunta en sus pesquisas iniciales a una supuesta falta de justificación inicial de estos cursos y también de control posterior por parte de la administración regional, encargada de ello.
La investigación se refiere a dos convocatoria de ayudas para formación para desempleados con compromiso de contratación, la del 15 de diciembre de 2010, en la que se investigan 17 empresas que obtuvieron subvenciones --por algo menos de dos millones de euros en global--; y la del 4 de noviembre del mismo año, en la que se investigan unas 10 firmas.
Los investigadores relataban en sus informes que las supuestas irregularidades se habrían producido previamente, por, al parecer, falta de capacitación de las empresas y de los profesores; además de que a veces no se llegaron a dar los cursos. Pero también en el incumplimiento del compromiso de contratación del 60 por ciento de los alumnos o supuestas falsedades en partes de asistencia.
Asimismo, se investiga una presunta falta de control de la Administración andaluza en la concesión de las subvenciones, durante el desarrollo del curso y en la liquidación de las ayudas.
