Hace dos meses le dieron una estocada mortal y ayer la puntilla para rematar lo que ya nació renqueante: el metro en superficie desde el Centro al Hospital Civil. Los artífices de esta muerte política en ambos casos han sido los mismos: Ciudadanos y el PP. Si hace dos meses el pleno del Ayuntamiento, a propuesta de Ciudadanos, aprobaba que en caso de renunciar al proyecto del metro al Civil, el dinero se destinase a prolongar la línea 1 hasta el Parque Tecnológio, (PTA), ayer el grupo de Ciudadanos dio por muerto el metro al Civil y pidió que el coste de ese tramo (40 millones de euros) se destinase directamente y sin más a financiar el tramo hasta el PTA, instando para ello al Ayuntamiento y a la Junta a «sentarse a negociar con la empresa concesionaria y el Banco Europeo de Inversión (BEI) para cambiar el destino de la inversión». El PP no lo dudó y sumó sus votos a esta moción, lo que permitió que saliera adelante. En concreto la moción, que fue aprobada con el voto de calidad del alcalde, Francisco de la Torre, contó con 15 votos a favor, dos en contra y 13 abstenciones.

Antes de dar por enterrado este tramo y a modo de cubrir el expediente, el alcalde señaló que «el objetivo es continuar trabajando por el consenso», insistiendo en «el compromiso con la Junta y con los vecinos».

El concejal de Ciudadanos, Alejandro Carballo, que defendió la propuesta, dejó claro desde el inicio sus intenciones. «El proyecto en superficie al Hospital Civil nace muerto», por lo que «hay que dejarse de tibiezas y, claramente, pedir las cosas como hay que pedirlas».

Por ello, instó a «no dejar en papel mojado las intenciones y mojarse realmente», ya que, «si los vecinos parece ser que no están de acuerdo a que se lleve el metro, nosotros tenemos que decirlo».

La concejala de Movilidad, Elvira Maeso, por su parte, argumentó que el metro al PTA «es prioritario» y recordó que hay ya un proyecto de construcción y «lo hemos solicitado para que nos lo hagan llegar».

El PSOE, por su parte, jugó a la ambigüedad y decidió finalmente abstenerse. Su concejal Daniel Pérez defendió la necesidad de un estudio de viabilidad sobre la llegada del metro al PTA, a la vez que recordaba que éste tiene que llegar en 2018 al Civil y, de no ser así, según el protocolo firmado, «hay que pagarle a la concesionaria».

La Junta advierte. Por eso preguntó a De la Torre por sus conversaciones con el BEI y la concesionaria. Al respecto, el alcalde indicó que habló con el BEI y «no estaba cerrado a esta posibilidad de cambio» que se plantea; mientras que «la concesionaria no ve tan claro» el problema de la tramitación y tiempo.

La decisión del pleno alarmó a la Junta, que poco después de conocerla emitía un comunicado alertando de las consecuencias de esa resolución.

El delegado del Gobierno andaluz en Málaga, José Luis Ruiz Espejo, criticaba en ese escrito «los constantes cambios de opinión del Ayuntamiento» respecto al proyecto del metro y alertaba de las «graves consecuencias del incumplimiento» de los acuerdos suscritos con la Junta sobre el trazado de la red del suburbano.

En este sentido, Ruiz Espejo señalaba que la decisión de descartar ahora la conexión acordada hasta el Hospital Civil «puede sumir al proyecto en una situación de inseguridad jurídica, desconfianza inversora e insolvencia económica para el futuro del mismo».

A su vez, añadía que «no nos parece de recibo que, en menos dos meses, se cambie de opinión y se aprueben sendas mociones en el pleno con mensajes y propuestas diferentes».

A su juicio, «este cambio de posicionamiento y peticiones en tan poco tiempo y sin ningún trabajo técnico previo o debate riguroso no permite garantizar la seguridad jurídica que necesita un proyecto de la envergadura del metro que desde la firma del protocolo de intenciones, en noviembre de 2013, tiene una hoja de ruta clara». «La seguridad que confiere a un proyecto como el metro el unánime respaldo institucional y especialmente el cumplimiento de lo acordado es crucial para una inversión de esta magnitud y para un gran proyecto de ciudad, no es serio ni de recibo el reabrir permanentemente los acuerdos libremente firmados por las partes y fruto del consenso».

Concluye que la Junta «va a seguir con la hoja de ruta trazada y consensuada institucionalmente, y con los agentes económicos y financieros involucrados en el proyecto».