La detención de la mujer que el pasado miércoles puso en jaque a toda la red de supermercados de una potente marca nacional fue posible gracias al amplio y rapidísimo dispositivo que coordinó la Comandancia de la Guardia Civil de Málaga. El alto mando ordenó salir a la calle a cerca de un centenar de agentes que peinaron las zonas en las que se habían localizado las cuatro llamadas que siempre se hicieron desde teléfonos públicos. En apenas tres horas, los agentes localizaron a la sospechosa mientras realizaba la última y evitaron el desalojo «de todos los supermercados de la cadena, con la alerta social que ello hubiera provocado», tal y como aseguró la propia Guardia Civil. En su página web, la empresa asegura tener casi 1.600 establecimiento en medio centenar de provincias.

Muy tranquila

Según informó ayer el instituto armado, la detenida, de 58 años y residente en Málaga, llamó al Servicio de Atención al Cliente de la compañía alertando de que un grupo terrorista islámico había colocado tres artefactos explosivos en dos de sus establecimientos y que estaba dispuesta a dar su ubicación exacta y otros datos de la supuesta trama terrorista si se le entregaban 50.000 euros. Fuentes cercanas al caso aseguran que la tranquilidad que la mujer mostraba en cada una de sus llamadas fue lo que más inquietó al servicio de seguridad de la cadena de supermercados, que puso el caso en manos del instituto armado desde la primera llamada.

En total, la mujer está acusada de realizar cuatro llamadas telefónicas, dos desde distintos barrios de Málaga, una desde la estación del cercanías de Cártama y otra más desde un teléfono público del Parque Tecnológico de Andalucía (PTA), donde los agentes la sorprendieron todavía con el auricular en la mano. «Todas las llamadas las realizaba desde cabinas telefónicas ubicadas en lugares distintos con la clara intención de no ser localizada», explicó la Guardia Civil a través de un comunicado. La mujer, que pasó a disposición judicial el pasado jueves, quedó en libertad con cargos imputada por los presuntos delitos de extorsión y desórdenes públicos.