Comisión de investigación de Limasa

Limasa condiciona la mejora de la limpieza a disponer de más medios

El gerente de la sociedad reconoce que la ciudad "está todo lo limpia posible con los medios que tenemos" y añade que "es mejorable" – Arjona explica que la mayoría del personal es contratado "a través de las solicitudes"

13.02.2016 | 05:00
El gerente de Limasa, Rafael Arjona, a la izquierda, junto al jefe del servicio municipal de Limpieza, Julián Laguna.

66 millones en 11 años para no tener pérdidas


El concejal de Ciudadanos, Juan Cassá, le preguntó ayer al gerente de Limasa, Rafael Arjona, si consideraba que la ciudad está limpia. Arjona, que comparecía ante la comisión de investigación de Limasa, se lo pensó dos veces antes de asumir lo que los malagueños piensan: que la ciudad está sucia. Pero añadió un matiz: «Está todo lo limpia que puede estar con los medios que tiene la empresa» y que, por supuesto, «es mejorable». Como el concejal de Ciudadanos insistió, el gerente de Limasa reiteró que «la ciudad está en las mejores condiciones posibles con esos medios».

Arjona insistió en el tema de «con los medios disponibles» para dejar traslucir el mensaje de que una ciudad más limpia pasa por tener mejores medios.

Pese a ello tuvo que reconocer que el presupuesto de Limasa, de más de 86 millones, es uno de los más altos de España y que pese a esa queja velada a la falta de medios, Limasa ha aceptado que el Ayuntamiento renuncie a las inversiones previstas en los últimos cinco años en maquinaria y flota de vehículos, cifrada en 17 millones.

La intervención de Arjona era seguida entre murmullos de desaprobación por miembros del comité de empresa, que mañana domingo han convocada en asamblea a la plantilla para ratificar la huelga anunciada que debe arrancar el sábado 20 de febrero.

Selección de personal. Pese a ello, Arjona rechazó «la leyenda urbana» de que cada día al menos un tercio de los servicios se queda sin realizar por falta de personal. «El trabajo que a diario se debe realizar, se presta al cien por cien. Todo lo que se factura es porque se ha realizado». Otra cosa es la distribución, que significa que las necesidades del servicio obligan en algunas ocasiones a trasladar a personal que realiza un servicio determinado para que ejecute otras tareas. Arjona llegó a decir que «no se paga nada que no se haga. Al contrario, puede haber servicios que se prestan y no se cobran»; y añadió que «todos los servicios tienen más personal de lo que marca el pliego del contrato».

A requerimiento de Remedios ramos, concejala de IU Málaga para la Gente, el gerente de la sociedad explicó con claridad que Limasa es una empresa de mayoría privada y que para la contratación del personal «no se rige por los criterios de publicidad, concurrencia y mérito» que obliga a las empresas públicas. Al respecto, aclaró que los criterios de selección del personal «se acuerdan entre la empresa y el comité de empresa. Arjona admitió que «desde que yo soy gerente» el personal directivo y de oficinas «se ha contratado mediante selección», pero la gran mayoría del personal operativo «siempre se han venido realizando las contrataciones a través de las incorporaciones o solicitudes que han venido dando las distintas áreas del Ayuntamiento y más en concreto de Bienestar Social» o también del IMFE. Con estas palabras el gerente admitía que, más allá de los mandos y directivos, la mayoría de los operarios han sido contratados por recomendaciones llegadas del Ayuntamiento, especialmente de Bienestar Social.

La asistencia técnica. El gerente, que se vio obligado a admitir que hay una persona en la empresa que tiene «una relación familiar conmigo», su cuñada, quiso devolver el golpe y le desveló a la concejala de IU Málaga para la Gente que también «ha habido incorporaciones a la empresa que no han seguido trámites habituales, como dos de su propio grupo».

Uno de las temas que suscitó más polémica fue el relacionado con la llamada asistencia técnica, que permite a los socios privados facturar el 2,5% de la producción en concepto de asistencia jurídica, financiera o técnica. Tanto los grupos de la oposición como el comité de empresa rechazan el mantenimiento de este canon al estimar que dicho asesoramiento no se presta y que en realidad se trata de «un beneficio encubierto».

La concejala socialista Begoña Medina le reprochó que el cobro de la asistencia técnica se efectúa en todas las certificaciones, «incluso en las facturas por el servicio de barrido o de baldeo, y habría que preguntarse qué asistencia o asesoramiento es necesario para efectuar un barrido, o para abonar el seguro de un coche».

Arjona explicó que la asistencia técnica «está fijada en el contrato y lo que se paga es lo establecido» y que se aplica a todas las facturas «porque la asistencia técnica es sobre producción».

Fue el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, el que salió en defensa de la asistencia técnica. A preguntas suyas muy concretas, el gerente respondió que desde que Limasa existe, en tiempos del alcalde Pedro Aparicio, «en todos los contratos ha habido asistencia teórica, y en todos ha sido el 2,5% y siempre por los mismos conceptos». Más aún, a preguntas de Jiménez, el gerente explicó que el beneficio medio de Limasa por la asistencia técnica es ahora de un 1,4% mientras que en tiempos del gobierno del PSOE era del 2,4%.

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