Conflicto en la empresa de limpieza

El conflicto de Limasa se encona por la falta de negociación y la amenaza de dividir el contrato

La comisión paritaria entre trabajadores y empresa se celebra sin avance alguno y con la gerencia negando cualquier posibilidad de conseguir algún cambio

23.02.2016 | 05:00
Integrantes del comité de empresa de Limasa a su llegada al Sercla para una reunión la pasada semana.

De la Torre se ofrece para negociar el fin de la huelga

  • El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, insistió ayer en que hay que centrarse en la negociación del convenio colectivo de Limasa, ya que el desencuentro entre las partes ha motivado la convocatoria de una huelga de basuras a partir del 1 de marzo. El regidor aseguró estar «abierto» a la negociación para que «el convenio colectivo sea satisfactorio para todos, trabajadores y vecinos», que «son los que pagan con sus impuestos el costo del servicio». Incidió en que «mi disponibilidad para reuniones es plena y total».

El concejal de Medio Ambiente defiende que dividir el contrato es una opción viable, pero el alcalde matiza que todavía no hay nada decidido.

La huelga de limpieza del 1 de marzo está un paso más cerca. La comisión paritaria que se celebró ayer, con la asistencia de representantes de la empresa Limasa y de los trabajadores, se cerró sin resultados positivos. De hecho, el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, subrayó que la empresa insiste en que «no hay solución».

La falta de avance en la reunión celebrada ayer parece que se reproducirá en el encuentro previsto esta mañana en el Servicio Extrajudicial de Resolución de Conflictos Laborales de Andalucía (Sercla). Éste será un paso más en intentar frenar una huelga que todo hace aventurar que no se resolverá hasta el último momento. O quizás con la huelga ya en marcha.

El problema de fondo sigue siendo la interpretación y cumplimiento de la sentencia del juzgado número 8 que obliga a la empresa a aplicar el convenio vigente. Los trabajadores insisten en que el último aprobado es el convenio de 2012, mientras que la empresa y el Ayuntamiento consideran que fue modificado por el acuerdo de 2013.

Los trabajadores hicieron ayer un nuevo llamamiento al diálogo a la empresa, censurando la actitud de bloqueo de cualquier avance que permita comenzar a aplicar el convenio. El presidente del comité reiteró que no han pedido que se cumpla la sentencia totalmente, sino sentarse a negociar y comenzar con los turnos de descanso «pero ni eso».

«Seguiremos intentando encontrar alguna opción para que haya acuerdo», insistió Belmonte, quien mostró su sorpresa por la actitud de bloqueo de la empresa.

El concejal de Sostenibilidad, Raúl Jiménez, por su parte, recalcó que la aplicación del convenio de 2012, como piden los trabajadores, no resolvería el problema. En opinión del concejal generaría un sobrecoste de 10 millones de euros «que tendríamos que ahorrar de otro sitio». «No podemos pasar de un presupuesto de 85 a 95 millones de euros tan fácilmente», puntualizó Jiménez, quien no obstante vinculó a una decisión judicial sobre el valor del acuerdo de 2013 (si tiene rango de convenio o es un acuerdo puntual) la interpretación de la sentencia del juzgado número 8 sobre la aplicación del último convenio vigente.

Modelo de contrato. Un elemento que se ha introducido en la negociación sobre la huelga del 1 de marzo es el futuro del contrato de Limasa. Raúl Jiménez se sumó a la propuesta lanzada por el portavoz del equipo de gobierno, Mario Cortés, de optar por mantener la privatización de Limasa, pero dividida en varios contratos por servicios o zonas geográficas.

Jiménez se mostró convencido de que es un modelo «viable» que ya funciona «en otras grandes ciudades». De hecho, el Ayuntamiento de Málaga ya aplica este criterio en el mantenimiento de Parques y Jardines, que ha partido en cinco el contrato en función de las zonas y los servicios prestados.

Jiménez puntualiza que todavía no hay una decisión tomada sobre este punto, aunque considera que sería una buena opción para la situación de la ciudad.

En cambio, sí fue muy crítico con la posibilidad de municipalizar la empresa, que considera que perjudicaría los intereses de los trabajadores de Limasa al tener que equiparar sus condiciones con las que tienen los trabajadores municipales. «A nadie se le escapa que los empleados públicos tienen jornadas de 37,5 horas y los de Limasa, de 35 horas», indicó el concejal, quien manifestó que también hay algunos beneficios en vacaciones y días libres que no se podrían aplicar.

El presidente del comité de empresa rechazó que la municipalización pueda cambiar muchos las condiciones laborales, ya que entrarían en el Ayuntamiento «como personal laboral, que no funcionario, y con un convenio como cualquier empresa municipal. Es justificar lo injustificable».

Belmonte añadió que dividir el contrato de Limasa en varias partes obedece a una maniobra para que «haya más empresas, más puertas giratorias y más mordidas», y resaltó que se debe «mirar por las barriadas y por una solución más económica».

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