El Ayuntamiento de Málaga está dispuesto a romper el protocolo que firmó en 2013 y que permitió la puesta en marcha del metro a cambio de llevarlo hasta Atarazanas y el Hospital Civil. La edil de Movilidad, Elvira Maeso, se mostró contundente ayer al considerar que el convenio está «roto» por la falta de una adenda al acuerdo donde se especifica el trazado y la financiación del proyecto. En su opinión, esta circunstancia liberaría al Ayuntamiento de su compromiso, que por otra parte ha sido cuestionado en numerosas ocasiones por el alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, desde poco después de su firma.

La famosa adenda que reclama el Ayuntamiento es un documento anexo al protocolo donde se especifica el cambio de trazado sobre el proyecto original -incluyendo el tramo de Atarazanas y el del Civil- y cerrar la financiación del metro, algo que genera muchos roces entre el Ayuntamiento y la Consejería y que está detrás del retraso de la firma de esta adenda.

Maeso acusa a la Junta de Andalucía de no querer abordar la firma de esta adenda, negándose a debatir la redacción final de este documento, que daría sustento normativo al nuevo diseño del metro tras la modificación acordada en 2013.

Este aspecto es el que está sirviendo al Consistorio para forzar la ruptura del acuerdo para llevar el metro al Civil y que aceptó hace poco más de dos años.

De hecho, el Ayuntamiento ha puesto numerosos reparos al recorrido entre Armengual de la Mota y el Hospital Civil, que discurrirá en superficie durante gran parte de su trazado, desde que se empezó a perfilar su diseño, proponiendo en varias ocasiones destinar el dinero de su construcción a llevar el metro a la plaza de la Marina o al PTA, pese a que la financiación del Banco Europeo de Inversiones (BEI) está vinculada a este trazado para lograr el incremento de viajeros con el nuevo recorrido por Bailén-Miraflores.

Otro elemento de fondo que altera la relación entre el Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Fomento sobre el metro es la aportación económica municipal al proyecto, todavía no cerrada pese a que se lleva negociando el primer pago desde hace más de cinco años. La ruptura del convenio firmado en 2013 podría activar el cobro de los 32,32 millones de euros pendiente de las obras hasta 2012 y los 14 millones de las obras de los años posteriores. Tres autos del TSJA en 2013, ante un contencioso administrativo del Ayuntamiento, exigían el pago de la factura. Pero se quedó en suspenso por la firma del protocolo que vinculaba la condonación de la factura por obras de movilidad sostenible, que el Ayuntamiento todavía no ha justificado. La ruptura del protocolo, tal y como amenazó ayer Elvira Maeso, podría reactivar la ejecución de estos autos judiciales.

Movilidad. El análisis del Estudio de Movilidad sobre este trazado ha sido la espoleta para iniciar la ruptura del acuerdo con la Consejería de Fomento. La concejala de Movilidad acusó a la Junta de plantear un trazado «sin demanda vecinal» y que sólo tiene como objetivo «captar viajeros de los autobuses urbanos», de los que consideraría que se llevaría el 90% de sus usuarios.

La crítica a la propuesta de desvíos y cambios de tráfico para dar cabida al metro en superficie por Eugenio Gross y Blas de Lezo fue intensa. Elvira Maeso, apoyándose en los informes de Tráfico y la EMT, considera que el estudio realizado por la consultora Incorp no justifica los beneficios del tranvía en el tráfico, al desplazar 25.000 vehículos a calles anexas, sin reducir este volumen de tráfico.

El informe de Movilidad apunta a los perjuicios en las líneas de la EMT 15, C1 y N2; a la pérdida de 380 aparcamientos entre coches y motos y problemas de encaje de varios cruces y rotondas.

La Agencia de la Obra Pública de la Junta (AOPJA) ha querido responder pronto a estas críticas y advierte de que la línea 15 de la EMT sólo tendría que cambiar parte de su recorrido por zonas también muy pobladas y rechaza los efectos negativos en la C1 y N2. Además, defiende que la semaforización en los cruces permitirá regular el tráfico con una buena cadencia y asegura que es posibles reubicar 304 plazas de estacionamiento, por lo que la pérdida de plazas sería mucho menor.

El delegado de Fomento, Francisco Fernández España, insistió «en el diálogo y la cooperación para sacar adelante un proyecto fundamental para la ciudad», reclamando que el metro esté «por encima de cualquier divergencia o crítica, por muy legítima que ésta sea». «El interés general de la ciudadanía es la culminación de este transporte», aseguró.