El pleno del Ayuntamiento de Málaga ha aprobado este jueves por unanimidad instar al alcalde, Francisco de la Torre, como presidente del consejo de administración de Limasa III, a que, de manera inmediata y consensuada, resuelva la situación de conflicto laboral en la empresa y evite así la celebración de la huelga indefinida convocada por los trabajadores a partir del 1 de marzo.

Así se ha acordado a raíz de una moción presentada por el PSOE. En esta misma línea, también ha salido adelante por unanimidad otro punto relativo a que De la Torre retome las negociaciones con los representantes de los trabajadores con la finalidad de establecer de forma definitiva un nuevo convenio colectivo que aporte la estabilidad laboral necesaria para esta empresa hasta que acabe el actual contrato, en abril de 2017.

También se ha aprobado por unanimidad que el regidor del PP exija a la empresa de forma inmediata el cumplimiento del pliego de condiciones y del contrato del servicio, que "se incumple por la falta de operarios para realizar los trabajos desde 2013".

Se ha rechazado, sin embargo, gracias al voto de calidad del alcalde, el punto relativo a modificar el contrato con los socios privados --tienen el 51 por ciento de la empresa-- para la eliminación inmediata de la cláusula de la asistencia técnica.

Y sí ha salido adelante, pese a los votos en contra del PP, que, en el caso de que los socios privados no justifiquen documentalmente sus trabajos en concepto de asistencia técnica desde 2001, devuelvan inmediatamente las cantidades cobradas a la ciudad.

La edil socialista Begoña Medina ha resaltado la necesidad, ante la proximidad de la huelga indefinida de limpieza, de que haya "diálogo", y ha afirmado que "los trabajadores sí quieren llegar a un acuerdo, por lo que siéntese a negociar porque la ciudadanía se lo pide".

El concejal de Sostenibilidad Medioambiental, Raúl Jiménez, ha hecho referencia a la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, y a sus declaraciones en las que consideraba "desproporcionada" la huelga de los trabajadores del metro. "Ésta también sería desproporcionada", ha apostillado.

Para Jiménez, el origen de todo el problema radica en que, a la hora de inscribir como convenio el acuerdo que permitió desconvocar la huelga de diciembre de 2013, "la Junta de Andalucía puso mil pegas".

Ha considerado que la situación sería distinta "si lo hubiera hecho y no utilizara políticamente la institución". Como consecuencia de "esa mala ejecución" por parte de la Administración autonómica, "seguimos hipotecados".

Jiménez ha lanzado una pregunta a los miembros de la Corporación: "¿estamos de acuerdo con pagar 10 millones para no tener ni un minuto más de limpieza?" A lo que ha respondido que "eso sería algo inexplicable ante los malagueños", incidiendo en que el Ayuntamiento tiene que "defender los intereses de la ciudadanos, que son los que pagan con sus impuestos ese dinero".

Al respecto, tanto la edil socialista como los viceportavoces de Málaga Ahora y de Málaga para la Gente, Juan José Espinosa y Remedios Ramos, respectivamente, han aseverado que "los 10 millones de euros son para recuperar derechos perdidos, no para sueldos". "Los trabajadores sólo piden el cumplimiento del convenio, sobre todo cuando la parte privada se lleva pingües beneficios", ha dicho la representante de Izquierda Unida.

Durante su intervención, el edil de Sostenibilidad Medioambiental ha subrayado que, tras la petición del alcalde, los socios privados de la empresa mixta de limpieza --FCC, Urbaser y de forma más residual Sando y Unicaja--, como ya hicieron en los tres ejercicios anteriores, renuncian al beneficio del uno por ciento garantizado por contrato correspondiente a 2015 --unos 600.000 euros--.

Además, ha recordado que, de cara a 2016, el Ayuntamiento aumenta en 2,2 millones de euros la partida para mejorar la limpieza. En consecuencia, ha opinado que "en esta mesa los únicos que no han dado el paso adelante son los trabajadores, y la opinión pública ya dice que basta de chantajes".

El viceportavoz de Málaga Ahora, que ha considerado que lo que es desproporcionado es la "irresponsabilidad" del equipo de gobierno, ha exigido a los 'populares' que negocien, de modo que "no nos condenen a una nueva huelga de limpieza que nadie quiere".

En este punto, ha criticado al PP por, "en vez de negociar durante estos días, dedicarse a desvelar sus planes de privatización, llamar a la rebelión a los trabajadores contra el comité de empresa y mentir sobre las reclamaciones de la plantilla". A su juicio, "parece que son ustedes los convocantes de la huelga, porque es a los que mejor les viene, a la hora de poner a los vecinos en contra de los empleados".

En la misma línea se ha pronunciado la viceportavoz de Málaga para la Gente, quien ha pedido al PP que "no tense más el conflicto", al tiempo que ha criticado que "se criminalice a los trabajadores".

"Parece que hay una intención velada de desprestigiar el servicio y justificar una privatización, yendo contra la imagen de los trabajadores", ha denunciado Ramos.

Finalmente, el portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, ha comentado que "una huelga es un derecho de los trabajadores, que hay que potenciar incluso", y ha centrado su intervención en la petición de la modificación del contrato para eliminar la cláusula de asistencia técnica, lo que ha calificado de "irresponsabilidad", al "querer cambiar un punto de un contrato que lleva muchos años". "Les da igual lo firmado", ha cuestionado, agregando que "luego se quejan del metro".