La segunda jornada de pleno en el Ayuntamiento de Málaga con el debate de las mociones ordinarias deparó discusiones calientes en algunos puntos como la concesión de medallas de la ciudad y distinciones o de acceso a la vivienda.
No fue el caso de la moción sobre el inmueble del viejo colegio de San Agustín, que tras muchos años cerrado se encuentra en lamentable estado de conservación como puso de manifiesto la información de La Opinión de Málaga del 17 de febrero.
Por ello hubo acuerdo absoluto en aprobar que el Ayuntamiento de Málaga reclame al Gobierno y al Ministerio de Cultura, como propietarios del edificio, «la recuperación» y la rehabilitación del antiguo edificio y que que se cumpla con la inversión aprobada y se resuelva con garantías la última finalidad prevista como es su conversión en Biblioteca Pública del Estado.
El pleno aprobó por unanimidad esta iniciativa, a propuesta del grupo de IU Málaga para la Gente, reclamando al Gobierno que «acelere» este proyecto para no incidir en la degradación que sufre el histórico inmueble.
El pleno instaba igualmente al Ayuntamiento a que «mantenga e intensifique» la vigilancia sobre este edificio para que no vaya a más la mala conservación del mismo. El alcalde, Francisco de la Torre, que felicitó al grupo proponente por la iniciativa, incidió en la necesidad de que este edificio se recupere «cuanto antes» y sirva para acoger la biblioteca del Estado en la ciudad y defendió el papel de la Gerencia de Urbanismo que durante estos años ha obligado a la realización de las pocas obras de conservación y mejora que se han acometido, e incluso a que el edificio pase la Inspección Técnica de Edificios (ITE).
Desde que los agustinos abandonaran el antiguo colegio, el edificio, que fue sede del Ayuntamiento y hospital, ha tenido una vida tortuosa. Tras veinte años como sede de la Facultad de Filosofía y Letras y luego de la escuela de idiomas para extranjeros, la construcción, levantada originalmente a finales del siglo XVII, cerró sus puertas. Y, además, con un baile de propietarios que incluye a la Diputación (1974), la Junta de Andalucía (1995) y el Estado (2004), su actual propietario.
