­El Ayuntamiento de Málaga se puede ver enfrentado al pago de expropiaciones millonarias que oscilan entre los 58 millones de euros, según la valoración municipal, y los 160 millones que es el total de lo que reclaman los propietarios de los suelos sobre los que recae la expropiación.

La desidia municipal ha propiciado que el Ayuntamiento tenga que hacer frente a 52 reclamaciones judiciales exigiendo pagos millonarios por pequeñas zonas verdes de la ciudad, según los datos dados ayer por el concejal de Urbanismo, Francisco Pomares, que respondía a una pregunta al respecto del edil socialista Daniel Pérez.

De esos 52 juicios 9 tienen una sentencia firme por las que el Ayuntamiento ha desembolsado ya 3,3 millones de euros, mientras otras 9 han quedado desestimadas. Por tanto, según explicó Pomares, quedan pendiente de sentencia firme otras 34 demandas con exigencias millonarias.

Para reclamar esas expropiaciones las empresas propietarias se acogen a una argucia legal dado que las parcela en cuestión figuraban en el PGOU de 1997 como suelos a obtener por el Ayuntamiento para sistema general. La ley señala que si esos suelos no eran obtenidos por la administración en el plazo de cuatro años desde la aprobación del PGOU, sus dueños podrán reclamar su expropiación «por ministerio de ley» y el Ayuntam­iento está obligado a realizarla.

Eso es lo que han hecho decenas de propietarios, algunos de los cuales, con afán especulativo, compraron las parcelas con el único objetivo de reclamar su expropiación.

Como ejemplo real, un botón: una sociedad mercantil compró en 2004 una zona verde que debía ser expropiada por el Ayuntamiento de en la calle san Vicente de Paul, cerca del castillo de Santa Catalina, en El Limonar. Realizó la compra en febrero de 2004 y pagó por sus 8.818 metros 432.000 euros. Solo siete meses después, y sin haber realizado ninguna alteración en el terreno, reclamó al Ayuntamiento 34 millones de euros por su expropiación.

Por ello, el concejal socialista Daniel Pérez, tras la información facilitada por el responsable de Urbanismo, le recriminó que tanto esos 3,3 millones que el Ayuntamiento ya ha pagado como los que quedan pendiente de sentencia «se deben a la irresponsabilidad y a la inacción del Ayuntamiento que no obtuvo esos suelos a tiempo y permitió que los dueños reclamasen».