La reunión de los representantes de los trabajadores, de la empresa y del Ayuntamiento de Málaga que ha tenido lugar hoy en el Ayuntamiento de Málaga ha finalizado sin que las partes hayan alcanzado un acuerdo para desconvocar la huega prevista para el 1 de marzo.
Los representantes del comité de empresa han declinado hacer declaraciones.
La posibilidad de negociar un acuerdo a dos años (2016-2017) fue el principal avance de la reunión de cuatro horas de duración que mantuvieron ayer y en al que se vivieron evidentes momentos de tensión.
El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, destacó el «ánimo para dialogar de ambas partes», aunque reconoció que el Ayuntamiento no tiene mucho margen de maniobra al disponer sólo de dos millones de euros para atender las demandas de los trabajadores, que reclaman la aplicación del convenio de 2012, lo que supondría un desembolso de unos 10 millones de euros.
«Mantendremos el diálogo que sea necesario para buscar una salida a un conflicto que no es bueno para nadie», insistió De la Torre, que no quiso ahondar más en el desarrollo de la negociación.
Una sentencia, dos visiones
Las diferencias entre las posiciones de los trabajadores frente a la empresa y el Ayuntamiento parecen insalvables y con pocos nexos de unión. Al menos a priori. La clave está en la interpretación de una sentencia que exige la aplicación del último convenio colectivo vigente en Limasa.
Los sindicatos entienden que es el convenio de 2010-2012, mientras que la empresa y el Ayuntamiento aseguran que el acuerdo de 2013 modificó estas condiciones, aunque no fue registrado como convenio.
La diferencia entre una interpretación y otra es, a juicio del Ayuntamiento, de 10 millones de euros más de costes laborales. Básicamente, lo que piden los trabajadores es volver a descansar los fines de semana completos, tener las vacaciones de verano entre mayo y septiembre y recuperar la paga de productividad. Las dos primeras medidas supondrían la contratación de 300 trabajadores eventuales más para los fines de semana y reforzar la plantilla para cubrir los turnos de verano, lo que aumentaría los costes.
El Ayuntamiento de Málaga insiste en que sólo dispone para este año de presupuesto para atender peticiones de dos millones de euros, por lo que espera que un acuerdo a dos años permita distribuir en ese tiempo las mejoras reclamadas por la plantilla.
Mientras, está pendiente una decisión sobre el futuro de la gestión de Limasa, cuyo contrato acaba este año y todavía no se ha decidido el modelo, si la empresa será municipal, mixta o de gestión privada.
