El presidente de la Audiencia de Málaga, Antonio Alcalá, consideró ayer las últimas reformas de las leyes «absolutamente inoperativas» y en concreto se refirió a la limitación de los plazos para terminar la instrucción, algo que en su opinión hará que los juzgados funcionen «más atropelladamente», perjudicando a la calidad del servicio.

«Eso de que digan que en 18 meses se van a terminar los procedimientos hará que los juzgados lo manden todo y volverán revocados los autos de conclusión para que se terminen», detalló Alcalá, quien incidió en que esa reforma introduce «un elemento de perturbación» porque todos los juzgados tienen que empezar a revisar las diligencias que tienen en tramitación.

Así, insistió en que se necesitan «medios» que contribuyan a agilizar las investigaciones, poniendo como ejemplo el caso Astapa, sobre la corrupción en Estepona, en el que se requieren «personal y peritos cualificados y muy especializados para hacer los informes» para concluir una instrucción que acumula ya más de ocho años.

Cuestionado por los macroprocesos, señaló que de este tipo de causas «se debe huir», aunque se mostró «muy satisfecho» porque las resoluciones dictadas en Málaga en casos de complejidad como Malaya o Minutas, hayan sido confirmadas en el Tribunal Supremo, lo que, en su opinión, avala su consistencia.