­El Departamento de Delitos Económicos de la Policía Nacional sigue investigando el caso de los «topos» que avisan a las funerarias para lucrarse con ello cuando un paciente ingresa en estado muy grave y muere para determinar si hay indicios de delito. Según ha podido saber este periódico, la semana pasada empezaron a tomar declaración a las dos personas que denunciaron ante el hospital que habían recibido llamadas cuando un familiar había muerto supuestamente.

Hace un mes que la Fiscalía abrió diligencias de investigación penal tras tener conocimiento del caso, tanto por parte del propio hospital Clínico como por parte de la institución El Defensor del Paciente, de estos casos, en concreto los referidos a Pepe Subires y Teresa Morales -publicados en La Opinión los días 23 y 27 de octubre-.

Tanto a uno como a otro les llamaron empresas funerarias avisadas por un «topo» del centro sanitario que les informó sobre el supuesto fallecimiento de dos familiares. Fuentes del centro sanitario confirmaron a este periódico que la investigación interna terminó a finales de enero sin ninguna conclusión destacable después de casi tres meses de pesquisas.

La supuesta trama se destapó el 16 de octubre, cuando uno de los «ojeadores» se precipitó y destapó qué ocurre en las urgencias del Clínico. Aquella madrugada una funeraria llamó, desde un número oculto, a Pepe Subires, el marido de una paciente que había ingresado crítica y que esperaba noticias de su estado de salud mientras permanecía en la sala de espera. La llamada del «topo» a la funeraria hizo que este hombre pusiera una reclamación en el hospital al sospechar que algún trabajador había dado sus datos. Su mujer no sólo no había muerto, sino que una semana después recibió el alta. El caso de Teresa Morales fue idéntico. Una funeraria les llamó desde un número oculto ofreciendo sus servicios antes de que su padre falleciera. Denunció ante el hospital pero a los meses se archivó el caso por la dificultad para demostrarlo.

Desde la dirección gerencia del centro sanitario reconocieron que el instructor nombrado para esclarecer esta trama no había hallado a los culpables. Sí admitieron haberse reunido con todos los trabajadores que estaban en el turno de noche de las Urgencias del 16 de octubre, cuando se dio el primero de los casos que salió a la luz. También apuntaron a que se han hecho pruebas telefónicas y pruebas in situ hasta llegar a la conclusión de que si los datos se recogieron a mano es difícil demostrar quién accedió al historial de la paciente y al contacto familiar.

La trama funciona desde hace años en el hospital a escondidas de la dirección, según señalaron varias fuentes que prefirieron no desvelar su identidad. Un grupo de empleados estaría ganando dinero por gestionar de manera directa con las funerarias los seguros de defunción y el traslado de los cadáveres a los cementerios. Este grupo de trabajadores, que llevaría años prestando sus servicios al Servicio Andaluz de Salud (SAS), estaría llevándose, siempre según refieren las fuentes, cantidades que oscilan entre los mil y los dos mil euros por cada aviso.

Cada uno de los «topos», según las diversas fuentes a las que se ha tenido acceso, tiene asignadas una o varias funerarias con las que contactan en caso de que se dé un deceso en el turno en el que trabajan.