Tribunales

Una empresa investigada en el caso Edu se siente perjudicada por la Junta

El exjefe del Servicio de Formación de Sevilla asegura que las empresas justificaron casi el 100% de las ayudas

02.03.2016 | 05:00

Una empresa de formación investigada en el caso Edu, por la concesión de subvenciones para la formación de desempleados con compromiso final de contratación, se ha declarado «perjudicada por la actuación de la Junta de Andalucía», por lo que, además de ser objeto de las pesquisas de la justicia, ha solicitado personarse en el caso como acusación particular, lo que rechazaron tanto el juez de instrucción como la Audiencia Provincial en un auto.

Los abogados de la empresa, incluso, recuerdan que en el caso Parcemasa la sociedad municipal estuvo en las actuaciones como imputada y como acusación particular, argumento que rechaza la Sala.

La Audiencia destaca que esta empresa recibió una subvención pública de más de 133.000 euros para impartir cursos de formación para desempleados, y de las declaraciones de los imputados no se desprende que la Junta les haya causado ningún perjuicio concreto, por lo que le deniegan la pretensión de ser a la vez imputada y acusación particular.

Por otro lado, el ex jefe de servicio de Formación de la delegación provincial de Sevilla Daniel Fito declaró ayer como investigado ante la juez María Núñez Bolaños, que investiga las presuntas irregularidades en los cursos de formación financiados por la Junta de Andalucía, y señaló que las empresas que recibieron las subvenciones investigadas justificaron «casi» el 100 por cien de las ayudas.

En este sentido, fuentes del caso informaron a Europa Press de que, en su comparecencia ante la magistrada de Instrucción número 6 de Sevilla, Daniel Fito señaló que las empresas justificaron prácticamente el 100 por cien de las subvenciones, por lo que el problema estaría en la comprobación que debía llevar a cabo la propia Administración.

En este sentido, precisó que, cuando se incorporó a su puesto de jefe de servicio en el año 2011, todavía se estaba comprobando la justificación de ayudas concedidas dos años antes, concretamente en 2009, y en este punto añadió que la Ley andaluza no prohíbe conceder nuevas subvenciones si no se han justificado las anteriores, sino pagar nuevas subvenciones cuando las anteriores no se han justificado.

En su declaración, y según las fuentes consultadas, el ex jefe de servicio explicó que la Administración dictó las denominadas órdenes de exceptuación debido al volumen de expedientes sin justificar y como solución ante el retraso en la comprobación de la justificación de las ayudas.

La juez Núñez tomó declaración al funcionario después de que éste lo solicitara de manera voluntaria.Cabe recordar que, en un auto dictado en mayo de 2015, la juez Mercedes Alaya imputó en la causa a diez jefes de servicio de Formación de las ocho delegaciones provinciales de Andalucía, entre ellos el propio Daniel Fito, y a una jefa de servicio de la Dirección General de Formación, María Carril.

Asimismo, imputó a la jefa de servicio de la delegación de Sevilla Carmen Gómez Laguillo; al de Almería, Blas Méndez Capel; a Antonio Juan Vidal Agarrado, de Cádiz; a José Ángel Gil Flores, de Huelva; a José Luis Valentín, de Jaén; a los jefes de servicio de Formación de la delegación provincial de Granada Magín Bolívar Medina y María Noelia García Lucena; a la jefa de servicio de Málaga, María Isabel Almendro Flores, y al jefe de servicio de la delegación de Córdoba Manuel Gavilán Jiménez.

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