Los lazos están cortados

Málaga se enfrenta a una huelga de basura larga tras la ruptura de las negociaciones

La reunión de ayer acabó de forma brusca con la paga de productividad como principal obstáculo – El Ayuntamiento defiende que su propuesta es "muy generosa" y el comité le acusa de "querer hacernos claudicar"

02.03.2016 | 20:21
Málaga se enfrenta a una huelga de basura larga tras la ruptura de las negociaciones
A media mañana algunas calles del Centro Histórico ya mostraban signos evidentes de los estragos de la huelga, como en esta imagen de la plaza de Uncibay con los contenedores desbordados.

La brecha: La paga de productividad

  • La paga de productividad, a la que la plantilla aceptó renunciar en diciembre de 2013, se presenta como el último y único gran escollo que separa a trabajadores y al Ayuntamiento/empresa y mantiene viva la huelga. El acuerdo es total respecto a volver al descanso de sábado y domingo; y es casi total respecto a las vacaciones donde la empresa habla de disfrutar 15 días en verano y 21 días en otoño-invierno y los trabajadores quieren 21 días en verano y 15 en el resto del año. Es la paga de productividad, su cuantía y, sobre todo, cuándo se abona, lo que se ha convertido en el muro que separa a ambas partes. El Ayuntamiento/empresa, alegando falta de recursos económicos, aceptar abonar sus 1.431 euros pero de la siguiente forma: nada en 2016, 876 euros en 2017 y su totalidad en 2018. El comité reclama que se comience a pagar ya, en 2016, al menos la mitad, de manera que este año se abonen 276 euros en septiembre y otros 433 euros en once pagas y ya en 2018 se cobraría completa y en un solo abono.

­La huelga de la limpieza en Málaga que empezó la noche del lunes a medio gas y con la posibilidad de una corta duración por el acercamiento de posiciones, derivó ayer por la mañana en una huelga total y firme tras la ruptura abrupta de las dos partes en conflicto en la reunión celebrada a primera hora.

El encuentro, previsto en el edificio de la Caja Blanca, lejos de suponer un acercamiento de posturas, como se esperaba tras los escarceos de la noche del lunes, derivó en la ruptura total y de manera brusca de las negociaciones. Ante esta ruptura, la huelga de limpieza continúa y cobra fuerza y aboca a Málaga a un conflicto largo con el temor de la cercanía de la Semana Santa.

En la reunión de ayer la empresa y el Ayuntamiento explicaron su propuesta, que supone aceptar el descanso de sábado y domingo para todos los fijos, lo que conlleva contratar a unos 200 eventuales para suplir dichos descansos; poder disfrutar de 15 días de vacaciones en los meses de verano (entre junio y septiembre) y de los otros 21 días en el resto del año, mientras que la paga de productividad se aplazaría su abono hasta 2017 cuando se pagarían 867,9 euros y ya en 2018 se abonaría en su totalidad, 1.431 euros.

"Hacernos claudicar". La clave de la ruptura está en la paga de productividad, dado que en descansos y vacaciones el acuerdo es casi pleno. Todo se rompe por la paga de productividad donde empresa y Ayuntamiento plantean no abonarla hasta 2017 y el comité reclama que en 2016 se pague, al menos la mitad con 276 euros en septiembre y otros 433 euros repartidos en once mensualidades.

Eso ha provocado la ruptura. El Ayuntamiento ha señalado la imposibilidad de hacer frente a esa paga este año, que tiene un coste cercano al millón de euros, pues «los presupuestos municipales ya están cerrados y no es posible añadir ese gasto, según explicó posteriormente el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez.

El encuentro, según señalaron posteriormente algunos de sus participantes, fue «tenso e incluso violento, con reproches, gritos y malos modos» que impidieron crear un escenario propicio al pacto.

Frente a reuniones de cuatro y cinco horas, la de ayer duró apenas 47 minutos. Tras anunciar Raúl Jiménez la imposibilidad de abonar este año ni un solo euro de la paga de productividad, el comité de empresa abandonó la mesa de negociaciones de manera repentina con su presidente, Manuel Belmonte, al frente y visiblemente indignado. De manera acalorada y precipitada, Belmonte señaló que «nos quieren hacer claudicar por cojones, y no lo vamos a permitir», añadiendo que «está claro que no quieren el acuerdo, ponen la excusa del presupuesto, cuando aún no está aprobado y se puede modificar para otros pero para nosotros no».

Belmonte y el resto del comité abandonaron a la carrera las instalaciones de la Caja Blanca donde estaban reunidos y vigilados por un importante contingente de Policía Local y Nacional y donde esperaba un numeroso grupo de trabajadores de Limasa que posteriormente increparon al concejal de Medio Ambiente cuando abandonaba la Caja Blanca y fue escoltado por la Policía hasta su vehículo.

Esfuerzo municipal. El concejal, visiblemente abrumado por la situación, reconoció posteriormente que no sabe qué pasará ahora, pues «hemos aceptado casi todas sus propuestas y no ha sido posible el acuerdo, por eso ahora no sé qué pasará». Jiménez explicó que las medidas incluidas en la oferta municipal, especialmente la paga de productividad, supondrían para el Consistorio un aumento del presupuesto de Limasa de 4,4 millones en el 2017 y de 5 millones en el 2018.

Tras la ruptura de las negociaciones, «se abre un nuevo escenario mucho más complicado», afirmó Jiménez, quien calificó la oferta municipal de «muy generosa y cercana» y lo «único que pedimos es un aplazamiento de la paga de productividad hasta 2017 y 2018».

A su juicio, «se han hecho todos los esfuerzos» para que los trabajadores desconvocaran la huelga. «El esfuerzo municipal queda claro, aunque, desgraciadamente, el comité de empresa entiende que no es así».

Mientras, por su parte, un presidente del comité crecido señalaba que «con este concejal es muy complicado, por eso creemos que la llave la tiene el alcalde» y aseguró que «seguiremos adelante pues tenemos el apoyo de la plantilla». Criticó que «ni ellos mismos saben lo que quieren; una vez que hay huelga no saben cómo salir», y recordó que llevan dos años pidiendo a la empresa que se siente a negociar el nuevo convenio.

Belmonte lamentó, por último, que los servicios mínimos son «abusivos», aunque van a respetarlos.

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