El Juzgado de Instrucción número 13 de Málaga se inhibió ayer a favor del Tribunal Supremo en la querella por estafa contra el diputado de Podemos Íñigo Errejón relativa a su contrato universitario.
Esta decisión fue adoptada por la jueza instructora después de que el sindicado de funcionarios públicos Manos Limpias presentara una fianza de 4.000 euros antes de pronunciarse sobre la admisión o no de su querella por estafa contra el diputado.
Fuentes judiciales explicaron a Efe que la magistrada de Málaga se inhibe a favor del Supremo debido a que Errejón es diputado. La juez destaca en una providencia, a la que tuvo acceso Efe, que se remita oficio a la Mesa del Congreso de los Diputados para que certifique su condición de diputado y que posteriormente se dé traslado nuevamente al fiscal.
La Universidad de Málaga abrió un expediente a Errejón -secretario de Política de Podemos- para determinar si incumplió su obligación laboral cuando participaba en un proyecto investigador y si vulneró la Ley de Incompatibilidades.
A raíz de ello, la institución académica estableció el pasado año una propuesta al objeto de sancionarle con la inhabilitación para realizar trabajos de investigación tras rechazar sus alegaciones.
Aquél proyecto investigador lo dirigía como profesor de Economía Aplicada de la Universidad el ahora diputado y dirigente de Podemos Alberto Montero, al que también se le abrió expediente disciplinario y para el que se propuso un apercibimiento por falta leve. En el caso de Errejón se planteó la inhabilitación para trabajar en la Universidad de Málaga en proyectos investigadores de similares características al que motivó el expediente.
El instructor del expediente argumentó que Íñigo Errejón cometió dos «faltas disciplinarias» por «no haber desarrollado su trabajo conforme a los términos y cláusulas» establecidas en su contrato y «no haber solicitado la compatibilidad para el ejercicio de actividades privadas desarrolladas durante su vigencia».
El contrato de Íñigo Errejón con la Universidad era para el estudio La vivienda en Andalucía: diagnóstico, análisis y propuestas de políticas públicas para la desmercantilización de la vivienda, financiado por la Junta andaluza y se estipuló un sueldo de 1.825 euros al mes por 40 horas semanales.
