Cuando se desgranan las estructuras del Estado en clave de instituciones privilegiadas aparecen en primer lugar. Las diputaciones han probado su capacidad de enfadar a todos por igual desde que su supresión se convirtiera en uno de los puntos más polémicos y que más polvareda ha levantado dentro del acuerdo de Gobierno entre PSOE y Ciudadanos para investir a Pedro Sánchez. Las diferentes reacciones de los distintos partidos políticos se han traducido en la virtualidad de adaptar la defensa que se ha hecho de estas instituciones según la utilidad que cada partido otorga a la institución que engloba a los 103 municipios de la provincia.
Con el Gobierno de la nación aún en suspense, y muchos de los protagonistas temerosos de enunciar movimientos que pudieran afectar a la gran batalla política, el único partido que insiste en un no rotundo a las diputaciones es Ciudadanos. El PP se ha lanzado en tromba en defensa de las diputaciones. Con su presidente, Elías Bendodo, como principal encargado de reforzar el mensaje. El PSOE aboga por una modernización de estas instituciones e IU se opone a su supresión, siempre que no se cree otra estructura local que pueda garantizar que los municipios menores cuentan con equipamientos similares a cualquier ciudad.
En un clima ciertamente enrarecido por el cruce de intereses dispares, Bendodo aprovechó el escenario del Foro Civisur, que celebró ayer una jornada informativa en Málaga, para salir otra vez en defensa de las diputaciones contando, en esta ocasión, con el respaldo de Luis Merino y Manuel del Valle, exalcaldes de Málaga y Sevilla, respectivamente. «Las provincias se articulan a través de las diputaciones», aseguró ayer de nuevo de manera firme, a la vez que señaló que estas instituciones «trabajan para el mantenimiento y en beneficio de los municipios más pequeños». Cabe recordar que en el último pleno ordinario de la Diputación correspondiente al mes de febrero, Bendodo ya lanzó una batería de alegatos para proteger la institución y acusó al PSOE de titubear en esta cuestión. Agradeció Bendodo en este sentido lo que se pudo considerar como un sonado aldabonazo de un exregidor socialista como Del Valle. «Si no existieran había que inventarlas», dijo quien presidiera también la Diputación de Sevilla durante un mandato (1979-1983).
Modernizar las diputaciones. Como una especie de preludio vinculante, el portavoz socialista en la Diputación, Francisco Conejo, dejó claro que el PSOE está en contra de la supresión del ente, pero sí aboga por iniciar un proceso de modernización integrado en la reforma de la Administración Local. «Debemos acometer la modernización de las diputaciones reformulando su papel como espacio de encuentro entre los ayuntamientos de menos de 20.000 habitantes», afirmó en declaraciones a este periódico, insistiendo en que los servicios prestados se deben regir por «criterios de máxima transparencia, racionalidad y democracia». En todo caso, cualquier cambio tiene que estar respaldado, según Conejo, por un amplio consenso entre todas las fuerzas políticas. Un consenso que, obviando a Ciudadanos, parece pasar ahora mismo por mantener las diputaciones. El propio vicepresidente de la Junta de Andalucía, Manuel Jiménez Barrios, se mostró rotundo al asegurar que «la posición de la Junta es nítida» y «defiende las diputaciones porque son una clara referencia para el mundo rural». El portavoz de IU en la Diputación, Guzmán Ahumada, también advirtió de las consecuencias de suprimir las diputaciones: «Quitarlas sin una transición sería demasiado brusco y dejaría a muchos ayuntamientos sin servicios que ahora mismo no podrían atender por sí mismos».
Para la formación de izquierdas, el problema de las diputaciones radica en la financiación discrecional, considerada por Ahumada como una forma camuflada de hacer política a base de otorgar inversiones a los grandes municipios que superan los 20.000 habitantes. En 2015, el 50% de las subvenciones directas se ha repartido entre nueve municipios con más de 20.000 habitantes, estando siete de ellos gobernados por el PP.
Gonzalo Sichar, líder de Ciudadanos en la Diputación, alude a un ideal de Estado que no entiende de vertebración provincial. «Nuestra idea de Estado se divide en nacional, autonómico y municipal. En el ámbito municipal queremos unificar varios municipios de 5.000 habitantes. En cuanto a los inconvenientes aparejados a un hipotético desmantelamiento de las subvenciones, Sichar asegura que «los funcionarios serían reubicados en otras administraciones». Se auguraría estrechez en más de un escritorio.
Málaga Ahora reivindica su papel como partido municipalista. Su portavoz, Rosa Galindo, pide «una transición con cabeza».
