El decano del Colegio de Abogados de Málaga, Francisco Javier Lara, remitió el pasado 28 de diciembre una carta al presidente del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) en la que le pide la creación de una Sala de lo Civil y Penal tanto para la capital de la Costa del Sol como para Sevilla, secciones que se sumarían a la ya existente en Granada. A esta petición se ha sumado expresamente el alcalde malagueño, Francisco de la Torre, consciente de la importancia de que la ciudad no pierda peso en el mapa judicial andaluz.
Esta petición se basa en que la última reforma de la Ley Orgánica del Poder Judicial (LOPJ) prevé la creación de una segunda instancia en la jurisdicción Penal, es decir, salas formadas por magistrados que resuelvan los recursos de apelación que presentan los abogados contra las sentencias de primera instancia. Ello, a su vez, se explica por que en la Unión Europea están generalizadas las tres instancias penales, esto es: hay posibilidad de presentar dos recursos de apelación contra una primera sentencia. En España, por contra, sólo había dos instancias: cuando es un juzgado de lo Penal el que condena, cabe recurso ante la Audiencia Provincial; cuando es esta la que condena, por delitos más graves, cabe apelación únicamente ante el Supremo.
Reforma legal
La solución que da la nueva LOPJ a esta situación es que las salas de lo Civil y Penal de los Tribunales Superiores de Justicia resuelvan todos los recursos de apelación contra las sentencias de las Audiencias Provinciales, es decir, convertirlas en la auténtica segunda instancia penal del país, corrigiendo el desequilibrio que ha puesto de manifiesto Bruselas. Hasta ahora, resolvían los recursos contra los fallos del jurado.
En el caso andaluz, Sevilla y Málaga tienen desplazadas Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social del TSJA, pero sólo hay una Sala de lo Civil y Penal, la de Granada, capital judicial andaluza. En un principio, se barajó la idea de crear otras salas de lo Civil y Penal en Sevilla y Málaga, pero parece que ello ha perdido fuerza en los últimos meses y el rumor apunta a un aumento del número de magistrados en Granada para asumir los recursos de apelación de todas las audiencias de la autonomía. De cualquier forma, todo está en pañales y no hay nada decidido.
Pero tanto Lara como el alcalde son conscientes de la pérdida de peso judicial -y político- que se produciría si Málaga se quedase sin una Sala de lo Civil y Penal, teniendo los abogados que apelar ante Granada y, si hubiera vistas, desplazarse allí.
Segunda instancia penal
En la carta, Lara solicita que la Sala de Gobierno del TSJA presidida por Lorenzo del Río cree «una Sala de lo Civil y Penal desplazada en las ciudades de Málaga y Sevilla para el conocimiento de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de esta ciudad».
La creación de las salas se recoge en la modificación de la LOPJ y «resulta absolutamente necesaria para mantener el organigrama judicial andaluz, pues es de pura lógica que existan salas de lo Civil y Penal en las ciudades que son sedes de las Salas de lo Contencioso-Administrativo y de lo Social de este Tribunal Superior», consta en la misiva, a la que tuvo acceso La Opinión de Málaga.
Volumen de trabajo
Recuerda el decano que, en relación a la Costa del Sol, «conviene recordar que, cuando existía la Audiencia Territorial de Granada, la aportación que hacían los tribunales malagueños de recursos que se tramitaban ante aquella Sala era, por sí sola, igual a la que remitían conjuntamente los tribunales de Almería, Granada y Jaén, máxime hoy en día que la litigiosidad de la provincia se ha incrementado considerablemente, por lo que la necesidad de contar con esta Sala resulta patente».
Así, pide a Del Río que traslade a la Sala de Gobierno que preside «el sentir mayoritario de la abogacía malagueña, que no comprende un desequilibrio de esta índole en el mapa territorial de la Justicia en Andalucía».
La petición irá en la memoria
El pasado 4 de febrero, Del Río acusó recibo y aseguró que la propuesta sería incluida en la primera reunión del Pleno de la Sala de Gobierno y formará parte de las peticiones «a incluir en la Memoria anual de este Tribunal Superior de Justicia», es decir, que el veterano magistrado jiennense, expresidente de la Audiencia Provincial de Cádiz, hizo suya la petición, pero, al final, todo dependerá de los recursos económicos y de la voluntad política tanto del Ministerio de Justicia como de la Junta de Andalucía, así como de la capacidad de presión de las autoridades judiciales de la autonomía sobre el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y el Gobierno central.
El alcalde, por su parte, recibe con «agrado» la solicitud de adhesión que hace el decano de los abogados, y le transmite «el más firme apoyo del Ayuntamiento de Málaga a una propuesta cargada de argumentos, que contribuiría al conocimiento de los recursos de apelación contra las sentencias dictadas por la Audiencia Provincial de esta ciudad». Es más, De la Torre comparte la necesidad «de mantener el organigrama judicial andaluz». Asimismo, le traslada su felicitación por la oportunidad de la propuesta, y le desea «que sume los apoyos de las principales instituciones malagueñas y el alcance del éxito pretendido».
