Tribunales

Roca y Muñoz se sientan desde hoy en el banquillo por el caso El Pinillo

La Fiscalía pide 15 años de cárcel para el exasesor de Urbanismo y 11 para el exregidor marbellí

07.03.2016 | 13:04
Roca y Muñoz, en el juicio del caso Goldfinger.

La Audiencia Provincial de Málaga tiene previsto enjuiciar desde hoy a Juan Antonio Roca, exasesor de Urbanismo de Marbella, y al exregidor, Julián Muñoz, y otras dieciocho personas por el pelotazo urbanístico con la finca El Pinillo. Habrá 40 sesiones. Para el primero, Anticorrupción solicita 15 años, mientras que el segundo se juega 11.

Entre los acusados, hay exediles del GIL, exfuncionarios municipales y a empresarios por la operación que permitió la enajenación de patrimonio municipal, supuestamente, en beneficio de los acusados.

Esta es otra de las causas que surgió a raíz de la querella que interpuso la Fiscalía Anticorrupción tras la fiscalización que hizo de la contabilidad marbellí el Tribunal de Cuentas. Roca está acusado de cohecho (que lleva aparejado una petición de multa de seis millones de euros), estafa, fraude, maquinaciones para alterar el precio del bien inmueble, alteración de la subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa.

Muñoz, por su parte, se enfrenta a los delitos de prevaricación, alteración de subasta pública, maquinaciones para alterar el precio del inmueble, fraude y estafa.

Primero, dice el fiscal, se llevó a cabo la expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el patrimonio municipal de suelo. La idea era hacer un proyecto urbanístico que no se concretó, pero se pensó en levantar un palacio de ferias y congresos.

El acusador público indica que Muñoz, de común acuerdo con Roca, y tras «desapoderar» a los propietarios, desencadenaron una serie de acciones encaminadas a transmitir la finca a terceros para realizar una promoción inmobiliaria. La parcela pasó a ser urbanizable, con claro perjuicio tanto para sus antiguos dueños como para el Consistorio, de forma que se transmitió el crédito que la gravaba, en lo que participó supuestamente a través de empresas, administradas por otros acusados, para adquirir la deuda.

La idea era adquirir la hipoteca y la finca y cederlas luego a un constructor para que la desarrollara urbanísticamente. Este pelotazo conllevó una perjuicio patrimonial de 6,7 millones de euros para el municipio.

También se analiza la preparación de la adjudicación directa de la finca expropiada, que había sido dividida, con actuaciones encaminadas al cambio de titularidad municipal mediante su subasta pública y la posterior denegación del derecho a la reversión, consta en el escrito.

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