El interventor provincial de la Junta en Málaga, Juan José Delgado Utrera, aseguró ayer que, en los expedientes de las subvenciones de los cursos de formación que ha revisado, no ve menoscabo de fondos públicos, si bien advirtió de una falta de control en el seguimiento de los cursos, cuando en los expedientes faltaban las actas de asistencia de los alumnos, informes de inserción o visitas de control a los centros.

Delgado Utrera abrió la sesión de comparecencias de ayer en la comisión de investigación sobre el presunto fraude a las ayudas de la formación en el Parlamento andaluz, a la que ya acudieron los interventores provinciales de Almería, Cádiz, Córdoba, Granada, Huelva y Jaén.

Durante su comparecencia, el interventor de Málaga consideró que, merced de su informe especial en el que analizó un total de 67 expedientes, «no se ha cumplido con la legalidad», así como advirtió de la «falta de diligencia» del órgano gestor a la hora de controlar que los cursos cumplían su objetivo.

Delgado Utrera afirmó que en el mismo informe no detectó «ninguna empresa cazasubvenciones», si bien denunció «cierta debilidad» en el control posterior una vez concedidas las subvenciones.

No se aplicaron los consejos. Explicó que dado que el órgano gestor no aplicó las recomendaciones que la intervención de Málaga dictó a tenor de las irregularidades detectadas, decidió elaborar el informe de actuación que se elevó a la Intervención General, no porque entienda que haya menoscabo de fondos porque para eso «habría que analizar caso por caso».

Delgado Utrera, que tuvo las responsabilidades de la Intervención de Málaga desde 2011 hasta que traspasaron a la Delegación de Educación, Cultura y Deportes en 2013, consideró que las irregularidades se repetían en todas las provincias porque el SAE «tendría un criterio uniforme para toda Andalucía, y de ahí que haya coincidencias», cuando afirmó que todas las intervenciones, aunque tuvieron reuniones para marcar las líneas de trabajo para elaborar el informe especial, actuaron de manera independiente.

Asimismo, explicó que «el principal problema» que encontró su intervención a la hora de elaborar el referido informe fue que tenían que compaginarlo con su «elevada carga de trabajo habitual», y alertó de la falta de medios personales especializados para poder ejecutar el trabajo. De la misma manera, el interventor puso de manifiesto que los expedientes, por el traspaso de estas competencias del SAE a la Delegación, llegaron «desordenados e incompletos», y que, una vez elaborado el informe, mientras el SAE no presentó alegaciones argumentando que ya no ostentaba esas competencias, lo que él no ve «pertinente», la Delegación provincial sí las hizo aunque «entendí que no fueron suficientes».