Un juzgado de la capital ha condenado a 18 meses de prisión al expresidente de la promotora malagueña Aifos por un delito de apropiación indebida, cometido al quedarse 28.400 euros del dinero que pagó una pareja almeriense para adquirir una vivienda en una promoción que jamás se hizo y que se debía levantar en la localidad de San Juan de los Terreros (Almería).

La querella fue presentada en 2009 por el abogado malagueño Daniel García Prieto, quien ha logrado esta condena. Según consta en el apartado de hechos probados de la sentencia, a la que tuvo acceso este periódico, el 15 de marzo de 2006 una pareja almeriense compró sobre plano una vivienda del complejo Terrazas del Mediterráneo, en San Juan de los Terreros. La operación se cerró con Aifos Arquitectura y Promociones Inmobiliarias, y su administrador era Jesús Ruiz Casado.

En ejecución de ese acuerdo, los compradores fueron abonando el importe de los efectos que se iban emitiendo por la entidad receptora de los mismos, «habiendo convenido que el pago de la vivienda se haría en un abono inicial de 13.500 euros, 140.655 mediante préstamo hipotecario y 60.851 mediante aceptación de efectos.

Aifos, dice el magistrado, pasaba malos momentos económicos y vendió a la empresa Jale Promobys el solar en el que se iba a construir la promoción, lo que ocurrió en 2007. «Por ella, la entidad compradora asumía la posición de Aifos en los contratos que esta celebraba con los compradores de pisos y recibía de la vendedora -mediante de tener por efectuado parte del pago de precio- la suma de las cantidades recepcionadas de los compradores hasta entonces, ascendente a la cantidad de 3,39 millones de euros, haciendo constar expresamente en dicho contrato que los ahora querellantes habían abonado 38.700 euros».

Después de la venta, y subrogada Jale en los derechos de la primera, «puso al cobro y efectivamente obtuvo varias cantidades que pasaron a integrarse en el patrimonio de Aifos, pese a que ya no le correspondían, concretamente un importe de 28.400 euros», una suma que ahora Ruiz Casado deberá devolver, en concepto de indemnización, a los querellantes.