­Los Juzgados de lo Mercantil números 1 y 2 de Málaga tienen pendientes de resolver más de 4.000 demandas por cláusulas suelo, y eso que hace unos meses se modificó la competencia y estos asuntos van ahora directamente a los juzgados de Primera Instancia. Estos casos son los que aún no se han digerido y, según fuentes judiciales, aún tardarán tiempo sus promotores, los perjudicados por estas cláusulas abusivas, en recibir una respuesta de los jueces, dada la sobrecarga de trabajo que arrastran los dos órganos.

«Hay en trámite 4.000 cláusulas suelo en ambos juzgados. Si se tiene en cuenta que el módulo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la carga de trabajo aconsejada por juez y año es de algo menos de 400 asuntos, puede hacerse una idea de la carga de trabajo que sobrellevan en estas oficinas», explicaron fuentes judiciales consultadas.

En la capital hay cuatro magistrados, lo que significa que, si ambos juzgados paralizaran su actividad y se dedicaran a sacar este tipo de asuntos adelante, tardarían cinco años en hacerlo. Y el problema es que en estas oficinas no sólo entran estos casos, sino que también llegan los famosos procesos concursales, muchos de ellos declarados en plena crisis económica y de una entidad importante. Recuerden el de Aifos, joya de la corona del ladrillo malagueño, que tardó cinco años en resolverse. Y así los de otras promotoras famosas como Evemarina y numerosas empresas del sector turístico.

Los juicios por cláusulas suelo tienen dos partes: la audiencia previa, en la que las partes presentan las pruebas pertinentes, y el juicio en sí, en el que el magistrado decide en base a esas pruebas. Muchas de estas demandas no necesitarán llegar a un juicio final, sino que en la Audiencia Previa, o antes, puede que se logre un acuerdo, pero en el caso de los que sí necesitan esa segunda vista se está señalando en 2019 y eso que los jueces llevan tiempo adelantando todo lo posible las audiencias previas -trabajando hasta bien entrada la tarde, según fuentes sindicales-.

Un cambio en la Ley Orgánica del Poder Judicial permitió atribuir las demandas de cláusulas suelo en las hipotecas a los juzgados civiles desde octubre de 2015, lo que ayudó, sin duda, a reducir drásticamente su tramitación desde los más de tres años hasta los seis u ocho meses, según el caso. Sin embargo, aquellos que demandaron antes de esa fecha se han quedado atrapados en los mercantiles, los juzgados más saturados del país.