La reunión del consejo de administración de Limasa, convocada para aprobar las cuentas del año pasado y analizar la situación de la empresa tras la huelga de la plantilla, acabó ayer con la indignación de la mayoría de los presentes cuando los consejeros de las empresas privadas (FCC, Urbaser y Sando) se levantaron sin dar explicaciones y abandonaron la reunión con la excusa de que algunos de ellos perdían el tren.
La actitud de los socios privados indignó al resto de consejeros y especialmente al representante de Ciudadanos, Juan Cassá, que exigió que constara en acta el malestar de los presentes por la «falta de respeto» de los socios privados.
Aunque la reunión había discurrido hasta entonces con normalidad, el resto de consejeros señalaron posteriormente su malestar por el silencio de los representantes privados que, según las diversas fuentes consultadas, sólo abrieron la boca para decir que aprobaban las cuentas. Posteriormente, cuando se inició la discusión sobre el acuerdo que puso fin a la huelga, que tenía como uno de sus puntos el tomar una decisión sobre las sanciones que se impusieron a los trabajadores en enero pasado, uno de los privados tomó la palabra para decir rápidamente que ellos no tenían nada que ver con eso, que era una cuestión de la empresa y delegaban en el gerente su solución. Entonces, «se levantaron todos y se fueron», explicaron luego otros consejeros, «y nos dejaron a todos con la palabra en la boca».
La indignación de estos consejeros era palpable al explicar que ninguno de los socios privados hizo durante las tres horas de reunión la menor referencia a la huelga vivida hacía una semana, «ni mostraron el menor interés o preocupación por ella y sus consecuencias en la empresa», dijo el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte.
Previamente, con el voto en contra de PSOE, Málaga Ahora e IU, la abstención de Ciudadanos y el voto a favor del resto se aprobaron las cuentas de 2015 y se acordó que el tema de las sanciones quedara en manos de una comisión integrada por el gerente de Limasa y el comité.
Anteriormente, por la mañana, los cuatro grupos de la oposición, PSOE, Málaga Ahora, Ciudadanos y Málaga para la Gente, coincidieron en exigir que el esfuerzo económico para limpiar la ciudad sea asumido por la parte privada de la empresa mixta.
«El concepto millonario que los malagueños pagamos a los socios privados de Limasa por la asistencia técnica es el que se debe destinar para sufragar las consecuencias de la huelga, cuando lo que ya pagábamos, además de injusto, era más que suficiente», dijo la portavoz socialista, María Gámez.
De igual modo se pronunció la portavoz de Málaga Ahora, Ysabel Torralbo, quien lamentó que en once días de huelga ninguna de las concesionarias privadas haya comparecido ante la ciudadanía. En su lugar, «el alcalde ha dado la cara por ellas, como un lobista».
La portavoz adjunta de Málaga para la Gente, Remedios Ramos, criticó igualmente al equipo de gobierno por beneficiar a una de las empresas que forman la parte privada de Limasa.
El portavoz de Ciudadanos dijo estar «completamente de acuerdo» con que los trabajadores que hicieron huelga no recuperen el importe perdido, pero «no nos parece en absoluto de recibo que sea el socio privado mayoritario de Limasa, FCC, quien se lleve el importe de esta recuperación».
Por último, el alcalde justificó la contratación de varios camiones de FCC, uno de los socios privados del Ayuntamiento en la empresa mixta de limpieza, para el dispositivo especial de retirada de residuos tras la huelga de basuras. Además, De la Torre aseguró que esta firma no ganará «ni un euro de más» porque «se pagará lo que corresponda según el mercado».
