La exjefa de Servicio de Formación para el Empleo de Málaga Isabel Almendro ha asegurado este lunes que durante el periodo en que ejerció esta responsabilidad "se cumplió la normativa vigente", se llevó a cabo la fiscalización previa de los expedientes y los cursos se concedieron "cumpliendo los requisitos".
Almendro, que fue jefa de Servicio desde junio de 2001 hasta septiembre de 2014, ha hecho estas manifestaciones durante su comparecencia ante la comisión parlamentaria que investiga el presunto fraude en las subvenciones otorgadas para los cursos de formación.
"Todos los cursos se han concedido cumpliendo los requisitos establecidos; nosotros hemos cumplido en todo momento con las funciones que tenemos encomendadas", ha apostillado.
Sobre las visitas de los técnicos para el seguimiento de los cursos, ha señalado que la "tendencia" era hacerlo en un 100 % de los casos, pese a no ser un requisito, pues la ley -ha dicho- sólo exigía la supervisión de un 5 %.
Sin embargo, ha detallado que en el año 2010 fue "imposible" hacer el seguimiento "in situ" en todos los casos porque hubo una "sobreprogramación" con un 70 % más de cursos y los recursos humanos eran los mismos.
"El personal de Formación ha realizado todos los esfuerzos necesarios para conseguir los objetivos; en todo caso, se ha cumplido la normativa, que establece que la suma de los controles in situ (y el resto de controles) no tiene que superar el 5 % y en Málaga se visitaron un 33 %", ha asegurado en respuesta a IU.
Respecto a la exoneración a determinadas empresas del requisito de estar al corriente de los pagos a la Seguridad Social para ser beneficiaria de las ayudas, asunto que ha acaparado gran parte de la comparecencia, Almendro ha indicado que la Ley General de Subvenciones lo permite.
"Se exceptúa por la naturaleza de las subvenciones, las empresas pueden no estar al corriente del pago y nosotros aplicamos la norma", ha respondido cuando el portavoz de Podemos, Juan Ignacio Moreno, le ha preguntado si nadie dio "la voz de alarma".
"Yo soy funcionaria, me limito a aplicar la normativa y la Ley de Subvenciones lo prevé", ha respondido ante la insistencia de Podemos y Ciudadanos en el tema de las exceptuaciones, tras lo que ha rechazado que éstas vinieran "marcadas por alguna directriz desde arriba".
Ha subrayado que la Intervención ha fiscalizado todas las subvenciones "de conformidad", y ha resaltado que en el informe financiero de control permanente de 2012, todos los controles realizados a los documentos de justificación en Málaga fueron favorables "no incluyéndose ninguna observación" en materia de fiscalización de las citadas subvenciones.
Interpelada sobre si en alguna localidad malagueña había sedes de UGT compartidas con el PSOE en la que se impartieran cursos, ha dicho: "Que yo tenga constancia, no".
Preguntada si cuando era jefa de Formación en Málaga reunió alguna vez a sus empleados tras salir a la luz las informaciones sobre el caso Edu, ha recalcado: "Nunca, eso es absolutamente falso" y ha lamentado que su departamento haya tenido que "pasar por todo eso", en referencia a las citadas informaciones.
Sobre la existencia de algún expediente de reintegro tras comprobarse que los gastos presentados no son imputables a la subvención que se concedió en su día, ha precisado que cuando se solicita una subvención se comprueba si se cumplen los requisitos, pero "no se puede prever el resultado de la liquidación".
Por otra parte, ha explicado que los cuestionarios de evaluación de los cursos se hacían a través de un sistema informático y los alumnos lo cumplimentaban de forma voluntaria.
Preguntada por el PP sobre cómo es posible que en los expedientes no conste la comprobación de la asistencia efectiva de los alumnos a los cursos -una de las deficiencias reflejada en el informe de la Intervención General-, ha incidido en que la ley establece que entre la obligaciones de los beneficiarios figura la "custodia" de los certificados de asistencia.
"No es obligación de la administración, pese a lo que di instrucciones en el año 2010 de que se incorporaran los partes de firmas a los expedientes", ha asegurado Almendro, que ha dicho que dichos partes se han podido "traspapelar" con otros expedientes, aunque el hecho de que no estén "no supone, en ningún caso, el incumplimiento de la normativa", ha sostenido.
