Tribunales

Roca dice que Gil ideó operación de la finca Pinillo para ayudar a un amigo

El exasesor asegura que "la compra de la finca fue para hacerle un favor" al propietario, que era amigo de Gil

29.03.2016 | 17:42

El cerebro del caso Malaya, Juan Antonio Roca, ha asegurado hoy al tribunal encargado de juzgar la operación urbanística en la finca El Pinillo de Marbella que fue el fallecido alcalde, Jesús Gil, quien ideó la operación para ayudar a un amigo.

Roca, que fue asesor de urbanismo y de la sociedad Planeamiento 2000, ha dicho que "la compra de la finca fue para hacerle un favor" al propietario, que era amigo de Gil.

Ha señalado que este amigo fue a buscar a Jesús Gil para pedirle ayuda, ya que el banco le iba a quitar la finca por una deuda, y que aunque Gil en un principio dudó, quiso ayudarle.

Ha insistido en numerosos momentos de su declaración en que no hubo intención de expropiar, sino que fue "una farsa", ya que se le dio ese título, pero fue una compraventa de mutuo acuerdo, donde Gil puso dinero, ya que el Ayuntamiento no tenía.

Además, ha declarado que mientras Gil estuvo vivo, el que era dueño "nunca pidió la reversión de la finca, porque no podía tener la cara dura de pedir algo que se había hecho por un favor" y ha lamentado que este tema se haya llevado como un procedimiento penal.

En esta causa se investiga la operación urbanística sobre la finca "El Pinillo", que comenzó con la expropiación a sus dueños, y luego pasó a ser urbanizable.

Ha explicado que el exalcalde de Marbella Julián Muñoz no tuvo nada que ver en dicha operación, porque siempre era Gil el que tomaba las decisiones.

Anticorrupción acusa a Muñoz, Roca, exediles del Grupo Independiente Liberal (GIL), funcionarios municipales y a empresarios por una operación urbanística desarrollada en dicha finca, con la que se permitió la enajenación de patrimonio municipal, presuntamente, en beneficio de los acusados.

Roca se enfrenta a una petición fiscal de 15 años de cárcel y una multa de 6 millones de euros por los delitos de cohecho, estafa, fraude, maquinación para alterar el precio del bien inmueble, alteración de subasta, negociación prohibida a funcionarios y prevaricación administrativa.

Por su parte, a Muñoz se le piden 11 años de prisión por prevaricación administrativa con carácter continuado, alteración de subasta pública, maquinación para alterar el precio del bien inmueble finalmente adjudicado, fraude, estafa y prevaricación como miembro de un órgano colegiado.

El fiscal mantiene que desde que llegó al poder el grupo GIL en Marbella Julián Muñoz y Juan Antonio Roca, de forma concertada y con el propósito de enriquecimiento injusto, "gestionaron el patrimonio municipal en su propio beneficio y lucro personal o en el de terceros".

En este caso, Roca presuntamente promovió la enajenación directa de bienes municipales y aprovechamientos urbanísticos creados con base en la revisión del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), utilizando la figura de la dación en pago de deudas que había promovido previamente, mediante el otorgamiento de escrituras públicas con promotores previamente concertados.

En un principio se realizó un proceso de expropiación de la finca, que estaba gravada con un crédito hipotecario, para su integración en el Patrimonio Municipal de Suelo, con vistas de hacer un proyecto urbanístico, que no se concretó.

El proyecto se refería a un palacio de congresos, aunque luego tras obtener el título de inscripción, la actuación municipal estuvo lejos de promover la utilidad pública.

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