­Desbloqueo a la vista en la situación de los chiringuitos. Al menos, sobre el terreno, tantas veces errático, de las promesas y del calendario de trabajo que maneja la Delegación de Medio Ambiente de la Junta de Andalucía, que confía, de una vez por todas, y después del acercamiento producido el pasado 25 de febrero, en poner orden antes de que finalice el año en el caos administrativo que persigue desde hace más de una década a los establecimientos del sector.

Según informaron ayer fuentes del Gobierno andaluz, los técnicos autonómicos están analizando el encaje con el reglamento de la ley de Costas de cada uno de los negocios que actualmente funciona con una licencia pendiente de renovación; en Málaga son 197 -aproximadamente la mitad del total- los bares y restaurantes que se encuentran en el limbo jurídico y a los que la Junta pretende ir dando amparo legal en los próximos meses. Con unos criterios, además, que tendrán muy en cuenta no sólo el respeto a la reciente interpretación de la norma -que se ha suavizado respecto a la polémica lectura que se hizo hace ocho años-, sino también el espíritu de colaboración, traducido en encuentros periódicos, que se acordó con los representantes del gremio en la última reunión.

Después de innúmeros retrasos y del paso adelante dado por la Junta hace cinco años, cuando decidió, y en plena etapa de ebullición y movilizaciones, sacar del aprieto al Gobierno y asumir en solitario el grueso de las competencias y de la negociación, la administración andaluza se ve ahora capacitada para orientar con una fecha y acabar con el calvario de los empresarios, que esperan, en muchos casos desde 2005, salir de su largo periodo de indefinición y volver a trabajar con todas las garantías de normalidad.

La Consejería, más dubitativa en otras ocasiones, está convencida de que esta vez sí ha llegado la hora de los chiringuitos y afina con las peculiaridades de cada caso para zanjar un litigio que se prolonga ya demasiado tiempo, alternando, incluso, intervalos de sosiego con fases de relativa hostilidad. Si los nuevos cálculos de Medio Ambiente se cumplen, este será el último verano en el que los bares y restaurantes de las playas operen con su autorización en el aire, de manera interina y sin estabilidad. Los plazos, aunque considerados soberanamente tardíos, son los mismos a los que se aferra la asociación que engloba al sector, que no cree que haya sorpresas -ni negativas ni positivas- hasta el término de la temporada alta. «Confiamos en que los problemas administrativos se resuelvan en estos meses y en otoño podemos empezar de una vez con las reformas», resalta Norberto del Castillo, presidente andaluz del colectivo.

Mientras el conflicto se desliza por el que la Junta entiende que es su semestre determinante, los establecimientos se mantienen escépticos y urgen a no errar con la carta y superar las ambigüedades que han impedido en la última década a los establecimientos incardinarse de pleno derecho en la normativa. «No entendemos que se tarde tanto tiempo. Llevamos doce años y estamos en un momento, con una ley más sensible, en el que todo debería ser más sencillo», declara. Del Castillo insiste en que la demora y la incertidumbre ha supuesto un freno para los negocios y sus perspectivas de inversión, congeladas en espera de las aclaraciones de la relación con el marco jurídico.

Lo que no parece presa de tantas dudas ni sutilezas legales es la afluencia de la clientela, que en esta Semana Santa se ha mostrado una vez más innegociable. Sobre todo, a raíz de que se difuminara la amenaza de lluvia, que lastró en general a todo el sector durante el inicio de las fiestas. El representante del colectivo habla de una vivacidad en la demanda que incita al optimismo. «Todo parece indicar que el verano va a ser mejor que los anteriores», puntualiza Del Castillo. Un soplo de certeza, al fin, en mitad de tanto interrogante.