­Málaga es la segunda provincia española cuyas carreteras gestiona la Dirección General de Tráfico (DGT) que más sanciones por velocidad aportó el año pasado con 256.639. Según un estudio de la organización de defensa de los conductores Automovilistas Europeos Asociados (AEA), la actividad del medio centenar de radares que se reparten por toda la provincia sólo se vio superada por la producción de Madrid, que durante el mismo periodo cazó a 383.490 conductores que circulaban por encima de la velocidad permitida.

Líder absoluta de Andalucía -Sevilla es la segunda con 176.364-, la aportación de Málaga en este campo es apabullante. Además de representar el 7,8% de las 3.286.799 multas de velocidad que la DGT impuso el año pasado en nuestro país y de sumar más multas que regiones enteras como Murcia, Asturias o Castilla y León, la provincia domina claramente la lista de 25 radares nacionales más activos con cinco dispositivos que sumaron 186.168 sanciones. Ni Madrid, con cuatro radares en el ranking que sumaron 176.337 multas, se le acerca. El estudio de AEA también señala que un radar de la A-6 de la capital de España arrebató en 2015 a uno de la A-45 el récord absoluto de infracciones detectadas con un total de 68.616 y a pesar de que el radar de tramo de Las Pedrizas, localizado entre el kilómetro 125.958 y 128.780 de Las Pedrizas, pasó de las 37.864 multas de 2014 a las 58.493 del año pasado, es decir, 20.629 más.

El segundo punto en el que más se ponen multas por velocidad en Málaga es también el sexto de España más rentable para la DGT. Se trata del radar fijo instalado en el kilómetro 246 de la A-7 a la altura de El Palo, donde 44.404 personas fueron sancionadas por circular a más de 80 kilómetros por hora frente a las 8.661 de 2014. El tercer radar malagueño más activo es el undécimo de esta lista del estudio, es fijo y se encuentra en la MA-20 (Ronda Oeste), que durante su primer ejercicio ha irrumpido con 28.998 sanciones, según el informe. En los puestos duodécimo y decimotercero, por su parte, se encuentran los dos radares de tramo de los puntos 205.268 y 200.146, que aportaron 27.552 (13.564 en 2014) y 26.721 sanciones (6.335), respectivamente.

Para los responsables de AEA, el importante número de denuncias formuladas por exceso de velocidad, la ubicación mayoritaria de los radares en autopistas y autovías, y el hecho de que la mayoría de los radares más activos siempre sean los mismos debería provocar en la DGT un replanteamiento en la política de estos dispositivos. «No se está consiguiendo el objetivo de evitar los excesos de velocidad ni los accidentes, sino que están convirtiendo estos aparatos en meros instrumentos de recaudación», aseguraron. La Unión de Guardias Civiles (UniónGC), por su parte, pidió hace unos días más agentes para vigilar las carreteras, una mayor inversión en infraestructuras, más prevención y una política menos sancionadora después de que los datos de la siniestralidad en Semana Santa hayan reflejado un aumento en el número de fallecidos.

Por comunidades autónomas, el informe de AEA también destaca a Andalucía como la región que más infracciones de este tipo acumuló el año pasado con 685.134 denuncias, muy lejos de Galicia (410.248) y Madrid (383.490). En el polo opuesto destacan La Rioja (32.867), Canarias (40.819) y Cantabria (58.870). Ya a nivel nacional, los cerca de mil doscientos radares que la DGT tiene repartidos por toda España captaron en 2015 un total de 3.286.799 de infracciones por exceso de velocidad, lo que supone un 33,7% más que en 2014. El informe, que no incluye las carreteras de Cataluña y el País Vasco, apunta además que el 60% de los infractores conducían por autopistas libres y autovías (1.730.716 denuncias) y en autopistas de peaje (217.056 denuncias).

De la misma manera, Automovilistas Europeos Asociados destacan que el año pasado las denuncias por exceso de velocidad aumentaron respecto de las formuladas el año anterior en todas las comunidades, excepto en Canarias y la Comunidad Valenciana, llegando casi a triplicarse en el caso de Cantabria (58.870 frente a 19.766), aunque también han detectado importantes incrementos de denuncias en Asturias (151,4%), Murcia (137,5%), Galicia (83%), Navarra (79,8%), La Rioja (55,2%) y Madrid (52,8%).