Justicia

Los juzgados malagueños retienen en sus cuentas 144,6 millones de euros

Es dinero de las multas e indemnizaciones, así como de embargos, subastas o de fianzas de libertad

03.04.2016 | 19:36

Esta cifra en Málaga ha subido un 3,8% en 2015 – Una vez hay sentencia el dinero se devuelve a su propietario o va a parar a la otra parte del caso

­Los juzgados malagueños retienen en sus cuentas 144,59 millones de euros, un líquido que proviene del pago de fianzas de libertad, multas, indemnizaciones o de subastas y embargos judiciales, según los datos del Ministerio de Justicia relativos a 2015 a los que tuvo acceso este periódico.

Es un dinero que, por cierto, está bloqueado en el purgatorio judicial y que no baja a la economía real, con lo que ello supondría para muchos particulares y empresas. Muchos han sido los juristas y responsables de la judicatura que han alzado la voz pidiendo reformas que permitan una mayor agilidad en la tramitación de los procesos, porque ello tendría consecuencias inmediatas en el dinero bloqueado que, al ser liberado, engrasaría en ese mismo momento el circuito económico. Por dar el dato nacional: los juzgados del país tienen bloqueados más de 3.500 millones de euros, es decir, tres décimas y media del déficit que tanto insiste en reducir Bruselas.

En Málaga, se ha producido un incremento en el dinero retenido en el limbo judicial del 3,8%, ya que en 2014 el líquido bloqueado fue de 139,2 millones de euros, aunque en 2013, con la crisis todavía pegando fuerte en el costado del barco de la economía malagueña, la suma alcanzó los 153,6 millones de euros.

Para tomar conciencia de la magnitud del dato malagueño sólo hay que hacer algunas comparaciones: en Andalucía, el dinero retenido en las cuentas judiciales es de 521 millones de euros. Málaga es, por delante de Sevilla, la provincia de la autonomía con más líquido retenido en los órganos judiciales. Los hispalenses cuentan con 122,4 millones de euros bloqueados, según el Ministerio de Justicia.

Así, Málaga es la quinta ciudad española con más líquido bloqueado, sólo superada por Madrid (1.091 millones de euros), Barcelona (369,9 millones), Alicante (159,7 millones) y Valencia (149,6 millones).

Además, el dinero consignado en las cuentas de los juzgados costasoleños generó en 2015 unos intereses de 2,1 millones de euros frente a los 6,6 millones de 2014 o los ocho de 2013.



Hasta un total de siete autonomías españolas cerraron el pasado ejercicio con menos fondos bloqueados en sus cuentas. En Baleares, cayeron un 50%, región tras la que sitúan Cantabria (-15,3%), Navarra (-12%), Galicia (casi un -12%), Extremadura (-8,5%) y Cataluña (-6,3%) y Castilla y León (-0,12%). En el extremo opuesto se sitúan La Rioja, cuyos depósitos judiciales crecieron más de un 34%, Aragón (32,7%), Madrid (13,6%) y Asturias (en torno al 13%).

La mayor aportación de dinero judicial a estas cuentas proceden de los órganos de lo Mercantil, donde hay procedimientos concursales millonarios heredados de la época del boom del ladrillo como ocurrió con el de Aifos (que tardó cinco años en ser resuelto siendo liquidada la sociedad después), EveMarina, o de muchas mercantiles ligadas a la hostelería o la venta y el alquiler de coches. Cuando un proceso concursal se eterniza en el tiempo, lo que no es ilógico en Málaga, muchas empresas quiebran. De hecho, las estimaciones de mortalidad empresarial tras un concurso superan ampliamente el 90% según los expertos.

A ello hay que añadir que el Juzgado de lo Mercantil número 1 de Málaga es el más saturado del país, y que el número 2 no ha ayudado a descongestionar el enorme tapón que arrastran estas oficinas, aunque ahora, desde el 2 de mayo, van a unirse para trabajar como una sola oficina con el fin de acelerar los procesos.

Buena parte de los depósitos judiciales se devuelven a los litigantes, aunque sin intereses, o bien van a la parte contraria cuando se dicta una sentencia a su favor. Pero también una parte de esas entregas fluye directamente hacia las arcas del Ministerio de Justicia, como son aquellos ingresos destinados para interponer un recurso, cuyo fin es disuadir a quienes reclaman sin tener razón. Miles de euros, tras años congelados en el banco, se quedan en las arcas del Estado porque los ciudadanos, una vez que ha concluido el proceso, no pasan a recogerlo.

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