Álvaro Cuesta es un histórico abogado socialista que ha pasado por muchos sitios: fue concejal del Ayuntamiento de Oviedo, parlamentario durante años por el PSOE y llegó a presidir la Comisión de Justicia del Congreso. Ahora, como vocal del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) es claro y directo a la hora de radiografiar los males de la justicia.

Le he escuchado varias veces plantear un pacto por la Justicia.

Sí, es imprescindible. Yo lo llamo pacto social, y diría más, por una nueva agenda 20-25, es decir, con el horizonte 2020-2025, hace falta un gran acuerdo donde intervengan las instituciones que gestionamos la justicia, es decir, Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), comunidades autónomas y Ministerio de Justicia, pero además deben intervenir todos los grupos parlamentarios y todos los sectores relacionados con los operadores jurídicos, incluso los consumidores. España debe avanzar hacia una justicia de calidad, que es la misma reflexión que se está planteando la Unión Europea. Se ha avanzado mucho en el espacio de Libertad, Justicia y Seguridad de la UE, que ha trabajado para 2015 y ahora se plantea 2025.

¿La Justicia atraviesa una buena etapa en cuanto a imagen pública?

Está mejor en prestigio que otras instituciones, pero es manifiestamente mejorable. Reconociendo la altísima profesionalidad de jueces y magistrados, tenemos una justicia de una magnífica calidad pero sin suficientes medios y, por tanto, todos los grandes horizontes que nos planteamos desde el punto de vista de las nuevas tecnologías de la justicia van demasiado lentos por la falta de medios. Necesitamos una planificación. Y añado: España necesita un nuevo mapa judicial, estamos en un país que tiene una distribución territorial de la justicia que está pensando en las diligencias del siglo XIX, y yo creo que hay que pensar en las diligencias judiciales del siglo XXI.

El papel cero ha sido un desastre...

Estamos un seguimiento permanente de la aplicación. El CGPJ tiene aquí competencias limitadas. Estamos presentes en un órgano interadministrativo con las comunidades y el Ministerio, pero quien tiene la capacidad de dotar tecnológicamente a los juzgados son los poderes ejecutivos. Hacemos el seguimiento. Hago un llamamiento para alcanzar un gran acuerdo tecnológico por la modernización, con las administraciones responsables, Consejo, Ministerio y comunidades.

Parece que hay una lacra en cuanto a la evasión fiscal. Lo hemos visto ahora con los papeles de Panamá...

La verdad es que, en principio, esa actividad financiera es un problema que tiene España y que tiene Europa. Le daré un dato, hoy Europa deja de ingresar más de 120.000 millones de euros, un 1% de su PIB por la defraudación fiscal y el blanqueo. El alcance de la corrupción en daño económico es del 2% del PIB en el ámbito de la UE. Creo que se puso en marcha en su día por las grandes naciones un acuerdo que los gobiernos desde una cierta hipocresía que los gobiernos no han sabido desarrollar. Se habló de poner en marcha una ofensiva contra los paraísos fiscales. Ha habido actitud blanda desde los gobiernos a la hora de luchar contra los paraísos fiscales. Hay que denunciarlos y adoptar medidas conjuntas. España debería liderar en la UE esa lucha porque son acuerdos internacionales. La justicia está funcionando y actuando, instruyendo causas, investigando y es positivo, por hablar de los papeles de Panamá, que en la Audiencia Nacional el ministerio fiscal ya ha abierto una investigación, que la Fiscalía Anticorrupción esté manejando diversas iniciativas y todo eso acabe bajo la competencia de los jueces.

Muchas de las reformas del anterior Gobierno se han quedado en agua de borrajas...

Sí, el Gobierno saliente ha dejado sin sacar adelante los deberes fundamentales, por supuesto celebro algunas reformas de 2015 instadas por el CGPJ en el ámbito procesal. España necesita una nueva Ley de Enjuiciamiento Criminal, que el fiscal sea el instructor de las causas penales, poner en marcha los tribunales de instancia sin que ello desoiga las realidades metropolitanas, hace falta un mapa territorial para una justicia más operativa y organizada.

¿Qué le parecieron las críticas del Colegio de Abogados a los jueces por los señalamientos?

Recientemente se puso en tela de juicio la profesionalidad de los jueces y magistrados de Málaga. Nos trasladó su inquietud la Defensora del Pueblo. Nosotros abrimos una investigación ordinaria que se hace por la Inspección del CGPJ y lo que hemos observado es que los jueces de Málaga son ejemplares en su trabajo, la crítica que ha suscitado el Colegio de Abogados es injusta porque el juez de Málaga está gestionando el colapso judicial, en muchos casos tienen una carga espectacular de trabajo. Y me refiero a la Primera Instancia, a lo Mercantil, los dos de Violencia de Género, desde hace años se ha pedido la ampliación de la planta en Málaga en el ámbito de lo Penal. Analizado con mucho rigor un documento, del que por cierto no se dio traslado por el Colegio de Abogados a la Justicia, ni al presidente de la Audiencia ni al juez decano ni al consejo; pero hemos tenido ocasión de conocerlo, se ha analizado a fondo y se ha hecho una radiografía de Málaga y cuando más profunda es la foto de Málaga más convicción y más orgullo sentimos de la profesionalidad de los jueces y magistrados de Málaga.