­Incertidumbre hasta que se convoque la reunión bilateral entre el Ayuntamiento de Málaga y la Consejería de Fomento para tratar sobre la prolongación en superficie de la línea 2 del metro de Málaga al Hospital Civil, proyecto que la Junta de Andalucía entregó el pasado 1 de abril al Consistorio.

El alcalde de Málaga, Francisco de la Torre, respondió ayer al consejero de Fomento y Vivienda, Felipe López, en relación con el proyecto del metro, que lo que hay que hacer «es ir cumpliendo bien todo lo que se planteó en el protocolo de intenciones firmado en noviembre de 2013». «Es oportuno recordarlo», apostilló, en referencia a que en uno de los puntos se interpreta que la construcción del tranvía se haría si se logra consenso vecinal.

En realidad el punto argumentado por De la Torre dice esto: «Ambas administraciones se comprometen a introducir fórmulas de difusión y conocimiento del proyecto que se elaboren entre el vecindario de las áreas de influencia de este nuevo trazado e incluyendo fórmulas de participación ciudadana en el proceso de su formulación definitiva». El problema es la interpretación. El Ayuntamiento cree que vincula la opinión de los vecinos a la aprobación definitiva, mientras que la Consejería de Fomento insiste en que se dejará participar y cambiar el proyecto, pero siempre manteniendo el tranvía al Hospital Civil.

De la Torre, tras las declaraciones de la semana pasada de López en el Parlamento andaluz acerca de que las «dudas planteadas» por el alcalde sobre el proyecto del tranvía, consideró que «no son oportunas», De la Torre afirmó ayer que «no tengo nada que decir respecto a lo último que hemos hablado ya, que es el cumplimiento de ese protocolo». Al insistirle sobre el hecho de que, según López, «los intereses de la ciudad no deben tomarse amparándose detrás de un colectivo, que siendo respetable, no es la mayoría», el regidor insistió en su respuesta genérica: «Hay un protocolo firmado, que tiene una serie de puntos, y todos en su globalidad deben contemplarse para ser cumplidos».

Respaldo a los vecinos. Tras varias semanas sin pronunciarse sobre la prolongación del metro en superficie al Hospital Civil, el día 5 De la Torre, en una reunión de la Plataforma No al Tranvía, dejó claro que «no concibo que se haga una obra de esta importancia sin que haya acuerdo vecinal». De la Torre respaldó a este colectivo, que rechaza la prolongación del ferrocarril urbano hasta la zona norte de la ciudad. «No se puede incumplir lo firmado», en referencia a ese protocolo de intenciones de 2013, que exige que se cumpla «en su totalidad». «Yo no concibo que una administración haga una obra de esta importancia sin el acuerdo, no digo unánime, pero sí al menos mayoritario, de los vecinos», manifestó.

Incidió en que en el protocolo de intenciones firmado con la Junta en noviembre de 2013 se estableció como condición sine qua non, a propuesta del Ayuntamiento, «no hacer nada sin tener el acuerdo vecinal» porque «ya entonces veíamos indicios de que la obra en superficie podía producir problemas y rechazo entre los ciudadanos». No obstante, no aparece eso en el texto del protocolo.

Proyecto

El Ayuntamiento ya tiene en su poder el proyecto de la Junta para el tranvía al Civil, que engloba la ejecución de la obra y la respuesta a las observaciones efectuadas por el Consistorio al estudio de movilidad para la reordenación del tráfico en Eugenio Gross y Blas de Lezo. El proyecto final establece un presupuesto base de licitación de 41.428.872 euros y un plazo de ejecución de 24 meses.

La prolongación de la línea 2 del metro hasta el Hospital Civil -junto al tramo Guadalmedina-Atarazanas en ejecución- forma parte de la solución final para culminar la red del ferrocarril urbano pactada en el protocolo de intenciones firmado el 11 de noviembre de 2013. El recorrido consta de 1,8 kilómetros de longitud lineal, de los que 1.160 metros son en superficie.

El alcalde defiende reservar ese espacio para autobuses e invertir el dinero en prolongar el metro hasta el PTA, mientras que la Junta mantiene que se firmó un protocolo en 2013 y en el cambio de la concesión y del crédito con el BEI tendría consecuencias económicas.