Empresa mixta de limpieza

El PP niega "enchufismo" en Limasa y exige la dimisión del presidente del comité

Ciudadanos anuncia que llevará a la Fiscalía las palabras del presidente del comité, Manuel Belmonte, en las que afirmaba que le consta que hay grupos políticos que han enchufado a gente en Limasa

13.04.2016 | 01:23
Juan Cassá y Raúl Jiménez dialogan en el inicio de la comisión de investigación de Limasa .

­El contrasentido en que se ha convertido la gestión del servicio de limpieza en Málaga propicia que los responsables municipales de uno y otro partido se distraigan con fuegos de artificios y declaraciones de corto recorrido, mientras la soluciones a los graves problemas de limpieza de la ciudad siguen pendientes. Así ha ocurrido una vez más en esta ocasión, en que las declaraciones del presidente del comité de empresa de Limasa, Manuel Belmonte, el pasado viernes en la comisión de investigación de la empresa de limpieza de Málaga, asegurando que «me consta» que hay partidos que han enchufado a personas en la empresa, pero que no se denunció «porque todos estábamos dentro de ese juego», han levantado toda una artificial tormenta política en las últimas horas.

Si el lunes el alcalde, Francisco de la Torre, pedía a Belmonte que fuera «más preciso» en sus declaraciones, ayer fueron el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez, y el grupo de Ciudadanos los que salieron a la palestra; el primero para exigir la dimisión de Belmonte por acusar «sin pruebas» y Ciudadanos para anunciar que llevarán las declaraciones del presidente del comité de empresa a la Fiscalía, «para que las investigue con los medios con los que no contamos en una comisión de investigación».

Que hablen los privados. Mientras el presidente del comité de empresa guarda silencio tras sus declaraciones del viernes, el concejal de Medio Ambiente y responsable político de Limasa aseguraba ayer que Belmonte «debería dimitir, pues no se puede entender que alguien diga que ha participado en algo irregular y quedarse tan pancho». Jiménez, que aseguró que «no hay constancia ninguna de que mientras este equipo de gobierno del PP ha estado gobernando haya habido enchufismo en Limasa», insistió en que «es muy peligroso decir esas declaraciones y después no dar la pruebas». Jiménez añadió que «tampoco entiendo cómo un sindicato tan señero como UGT permite que su máximo responsable en la empresa más importante de la ciudad no dé explicaciones».

Así, el concejal opinó que «en caso de que algún político o sindicalista haya ejercido enchufismo alguna vez en Limasa, debería dimitir inmediatamente».

Por su parte, el portavoz de Ciudadanos y presidente de la comisión de investigación de Limasa, Juan Cassá, anunció ayer que su grupo llevará a la Fiscalía las declaraciones de Belmonte. Cassá aclaró que espera que «todo quede en nada», al menos en lo jurídico, porque en lo político Limasa «es un despropósito de principio a fin». Al llevarlo a Fiscalía «cumplimos con nuestra obligación». «Está claro que el hecho de que los partidos políticos hubieran podido influir en colocar a gente en Limasa es muy grave políticamente y vemos indicios suficientes para investigar».

El portavoz de Ciudadanos, Juan Cassá, reprochó al alcalde, Francisco de la Torre, que no haya sido él mismo quien dé este paso, a la vez que dejaba claro que «Ciudadanos no ha venido al Ayuntamiento a tener posiciones fáciles y no podemos conformarnos sin más ante la respuesta de Manuel Belmonte».

Por su parte el viceportavoz de Ciudadanos, Alejandro Carballo, llamó la atención sobre el hecho de que, durante la comisión de investigación y ante las declaraciones del presidente del comité de empresa, ningún concejal del resto de grupos políticos «alzara la voz», en especial referencia a los que estaban antes de 2013.

«Se hizo el silencio y nadie, ni siquiera por alusiones, hizo ninguna pregunta», resaltó Carballo, añadiendo que «parece que no han querido entrar mucho en el asunto». Por último, Cassá consideró que sería ya el momento de que comparecieran en esta comisión de investigación los representantes de la parte empresarial privada de Limasa, que tienen el 51 por ciento del accionariado.

«Tienen que venir y dar explicaciones porque durante los once días de huelga se borraron y porque, además, cobran por asistirse a sí mismos», en alusión a la polémica asistencia técnica.

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