Tribunales

Los pleitos que buscan anular una deuda o aplazar su pago colapsan los juzgados

Los asuntos ingresados en la jurisdicción civil, donde se dirimen los débitos a empresas y particulares, crecen un 5,4% en 2015 debido al colapso de estos juzgados - Pasan tres años y ocho meses desde que llega un caso hasta que hay sentencia firme

18.04.2016 | 02:15
Imagen de un juzgado de la capital malagueña atestado de papeles.

Los asuntos ingresados en la jurisdicción civil a lo largo de 2015 en los juzgados de Málaga y provincia alcanzaron los 77.812, un 5,4% más que en el ejercicio anterior, según los datos del Consejo General del Poder Judicial a los que ha tenido acceso este periódico. En este ámbito, se dirimen los procedimientos de Familia y los relativos a deudas a empresas y particulares, siendo el segundo grupo de demandas el mayoritario, lo que indica, según el presidente de la Audiencia Provincial, Antonio Alcalá, que el hecho de que los jueces estén colapsados hace que muchos opten por demandar para dilatar el pago de sus deudas.

Alcalá explica que, en algunos casos, pasan tres años y ocho meses desde que llega un determinado asunto al juzgado de Primera Instancia y hasta que la Sección Civil de la Audiencia Provincial de Málaga pone la correspondiente sentencia, la mayor parte de las veces firmes porque sólo se puede ir al Tribunal Supremo si la deuda sobrepasa los 600.000 euros. Es mucho tiempo para algunos y, durante el periodo de tramitación, los afectados no han de hacer frente a sus débitos.

«Si alguien te reclama 200.000 euros y pones una demanda no la vas a pagar inmediatamente, y más con los intereses legales, que están al cero y pico por ciento. Ya la pagarás, a lo que hay que sumar las minutas del abogado y las costas», dice.

«Esto es muy importante para el fondo de la economía, porque la riqueza la crean los particulares», reflexiona el presidente de la audiencia, quien añade que el colapso acaba cargándose «el tejido productivo».

«Un mal funcionamiento hace que sea apetecible poner un pleito para que dilates un pago durante años», precisa Alcalá. Sin ir más lejos, este periódico publicó hace unos días que el colapso que sufren los juzgados malagueños tiene bloqueados 144,6 millones de euros, una cifra que ha subido un 3,8% entre 2014 y 2015. Se trata de un líquido que proviene del pago de fianzas de libertad, multas, indemnizaciones o de subastas y embargos judiciales, según los datos del Ministerio de Justicia, un dinero que, por cierto, está bloqueado en el purgatorio judicial y que no baja a la economía real, con lo que ello supondría para muchos particulares y empresas.

Muchos han sido los juristas y responsables de la judicatura que han alzado la voz pidiendo reformas que permitan una mayor agilidad en la tramitación de los procesos, porque ello tendría consecuencias inmediatas en el dinero bloqueado que, al ser liberado, engrasaría en ese mismo momento el circuito económico. En el país, esta cifra asciende a más de 3.500 millones de euros.

¿Cómo se solucionaría este tapón? Con más medios, algo que ya han pedido hasta la saciedad los responsables judiciales malagueños. Más jueces poniendo sentencias y más funcionarios tramitando como forma de reducir la enorme montaña de papel que soportan estos órganos.
Precisamente, estos juzgados de Primera Instancia –los 15 de la capital– fueron objeto de una inspección por parte del Consejo General del Poder Judicial hace unos meses, después de las quejas del Colegio de Abogados, y los datos no dejaban lugar a dudas: en 2014 entraron 22.439 juicios y 7.875 ejecuciones y se celebraron 24.246 vistas y 11.833 ejecuciones. «El examen en cuanto a la carga de trabajo actual de estos órganos dificulta, por no decir imposibilita que se realice un mayor número de señalamientos», concluyó el consejo. Entre 2012 y 2015, los 15 jueces superaron muy ampliamente el indicador de resolución: un 240%, un 215%, 194% y 192%.

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