La Trinidad

El traslado de la estación de bombeo de Jaboneros está parado por falta de sitio

Una sentencia obliga a su cambio de ubicación por ser zona verde y causar molestias a los vecinos

21.04.2016 | 00:58
Vista de la polémica estación de bombeo en la calle Bolivia.

­Tras once años de peleas de los vecinos de la zona, especialmente de uno de ellos, una sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía (TSJA) establece que el suelo donde está construida la estación de bombeo de Jaboneros es zona verde, lo que implica su traslado. La sentencia es fruto de las reclamaciones de los vecinos, especialmente del más afectado, Manuel Hijano, por los continuos ruidos y malos olores que deben soportar.

La estación, sin embargo, sigue en su sitio y el Ayuntamiento, pese a que afirma acatar la sentencia, se resiste a cumplirla y ejecutarla alegando que en la zona, junto a la barriada de Echevarría, no hay suelo para levantar una estación semejante y que tenga la aceptación de los vecinos.
Eso es lo que se puso en evidencia ayer por parte del representante del equipo de gobierno, el concejal de Medio Ambiente, Raúl Jiménez. La comisión de Medio Ambiente, a través de una moción de IU Málaga para la Gente, volvió a aprobar –ya lo hizo en otras ocasiones– aprobó, con el voto mayoritario, el instar al equipo de gobierno a «acatar y cumplir» la sentencia que implica el traslado de la estación de bombeo y un segundo punto para que esa zona verde se pueda convertir en el futuro en un parque público.

El concejal Raúl Jiménez no puso objecciones a todo ello, pero argumentó que «una estación de este tipo no puede ir en cualquier lugar. La estación molesta al señor Hijano. Entonces la pregunta es dónde ponemos la estación de bombeo?». Él mismo se respondía indicando que es un problema pues toda la zona «está urbanizada y cualquier sitio que decidamos supondrá un problema vecinal».

En la comisión intervino el principal afectado, Manuel Hijano, que recordó la lucha de once años y la sentencia del TSJA y anunció que llevará a la Fiscalía a los responsables políticos y a los técnicos implicados en este asunto. Hijano señaló que para estas reclamaciones se apelará a los artículos 320 y 404 del Código Civil que prevén hasta cuatro años de prisión para «la autoridad o funcionario público» que sea considerado culpable de un delito de prevaricación urbanística.

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