Ciudadanos ha llevado a la Fiscalía Provincial de Málaga el asunto de los supuestos enchufes de los partidos políticos en la empresa de limpieza Limasa. El edil de la formación naranja, Alejandro Carballo, acudió ayer junto a la asesora jurídica del partido, Marisa Valero, para trasladar un escrito con lo denunciado por el presidente del comité de empresa, Manuel Belmonte, sobre las contrataciones en la sociedad, pronunciadas en el marco de una comisión de investigación.
Además del escrito, el concejal ha aportado un CD con lo dicho por Belmonte. Creen que podría haberse cometido un supuesto delito por tráfico de influencias, aunque en los documentos entregados no hay nombres ni valoraciones, sino las palabras al desnudo del veterano sindicalista, con el fin de que sea el ministerio fiscal el que valore si es necesario abrir diligencias de investigación penal por este ilícito, algo que suele hacerse con bastante asiduidad.
Trámite procesal. No obstante, si el fiscal decide indagar, lo normal es que se abra un expediente por el plazo de seis meses en el que se pedirá documentación y se podría llamar, como ha ocurrido en otros casos, a declarar a los protagonistas de esta historia. Acto seguido, el fiscal deberá decidir si hay indicios de delito y presentará una querella o denuncia ante el juzgado decano de Málaga si ello ocurriera. Si no hubiera indicios de delito, simplemente se archivarían las diligencias abiertas.
Ciudadano se agarra a la desnudez de los hechos, y Carballo dijo esperar que el asunto quede en nada tras las investigaciones pertinentes, aunque, eso sí, explicó que «no podemos mirar para otro lado ante las declaraciones de Belmonte, y nuestra obligación es venir a la Ciudad de la Justicia y dejárselas a la Fiscalía para que investigue». Es más, dijo que no tenían pruebas para hacer una querella o una denuncia, y, de hecho, no hay nombres de supuestos trabajadores enchufados porque «quienes se han dirigido al grupo aportándolos no han querido figurar en el escrito».
Eso sí, habló de que este es un «caso extremo» del que quieren dejar constancia, pero al no tener medios para investigar debe hacerlo quien legalmente tiene atribuidas esas competencias, la Fiscalía malagueña.
Precisión. Tras las declaraciones de Belmonte acusando a los políticos de esos enchufes, el alcalde, Francisco de la Torre, le pidió que precisara, y otros responsables políticos hicieron declaraciones en el mismo sentido, sin que el protagonista de esas palabras haya vuelto a repetirlas en público, después del revuelo que se formó.
