­El 15 de abril de 2011, a las 23.15 horas de la noche, Bárbara Recio volvía a su casa de Vélez Málaga cuando fue asaltada, según la calificación del fiscal, por un supuesto agresor sexual que la arrojó al suelo agarrándola de la espalda y la besó en la boca varias veces. Se tumbó sobre ella y siguió tocándola, pero ella se defendió con empujones y consiguió que el tipo huyera. Situaciones de similar naturaleza sufrieron, hasta febrero de 2012, otras cuatro chicas de la localidad axárquica. Hoy, más de cinco años después del primero de los hechos relatados por el fiscal y tras casi cuatro años desde que el agresor saliera de la cárcel, aún no se ha celebrado el juicio en un Juzgado de lo Penal de la capital, lo que llena de preocupación a la primera de las perjudicadas.

El agresor, que pasó nueve meses en prisión preventiva tras su detención en febrero de 2012 y salió en noviembre de ese año, está en libertad a la espera de la vista, con la lógica desazón de las víctimas.

El 13 de abril de 2016, Bárbara Recio acudió al Juzgado Decano de Málaga a poner una queja, la segunda, por la tardanza en celebrarse su juicio. No en vano, acudió en septiembre de 2015 a poner la primera al enterarse de que el juicio oral estaba previsto oficiosamente a principios de 2017. Con su protesta, logró que lo fijasen, según explica ella misma a este periódico, para el 16 de abril de 2016, pero ocho días antes del plenario, como consta en la queja, se le comunicó por teléfono la suspensión porque «no han podido localizar a varios testigos y porque la abogada del acusado solicita la anulación por tener otro juicio el mismo día, tras haber pasado más de seis meses desde que se resolviera adelantar el juicio oral, pudiéndose haber resuelto estos inconvenientes para la celebración con este amplio margen de tiempo».

El fiscal acusa al supuesto agresor, un vecino de Vélez, de cinco delitos de agresión sexual. Le pide tres años por cada uno de ellos, así como diferentes cantidades inferiores a mil euros en concepto de lesiones y daños morales. No pudo consumar, siempre según el fiscal, ninguna de sus agresiones, pero las situaciones fueron casi idénticas: las seguía, las cogía, las tiraba y luego trataba de agredirlas sexualmente. En el caso de Bárbara Recio, le causó contusiones en la región paravertebral lumbar izquierda, en dos dedos de la mano derecha. También sufrió ansiedad.

Ahora, tras la segunda queja, el juicio está fechado para el 20 de junio de 2016. La afectada pide que no se vuelva a retrasar teniendo «en cuenta el tipo de delito por el que se acusa al hombre, por cinco agresiones sexuales, al haber sido reconocido por las perjudicadas por estos hechos, y teniendo en cuenta el tiempo que ha transcurrido desde que sucedió la primera agresión el 15 de abril de 2011, cinco años después, y ante la impotencia e indignación de las víctimas, que tienen que convivir diariamente con su agresor, ya que este reside en la misma localidad que alguna de las perjudicadas y, en mi caso, en la que se ubica mi segunda residencia, estando mi anterior domicilio a menos de 300 metros de donde vive el agresor (la orden de alejamiento es de 500 metros)».

Bárbara Recio asegura que ha cambiado de residencia habitual por este hecho. «Pido que no se retrase el juicio hasta la nueva fecha fijada para el 20 de junio de 2016, dándose la mayor prioridad a la celebración del mismo; ni permitiendo otra vez su anulación, debido a las causas expuestas, cuando se debería haber dado prioridad a este delito, teniendo en cuenta también la situación de las perjudicadas, y en mi caso un perjuicio mayor al tener que viajar desde mi casa actual, en una ciudad del País Vasco, haciendo un gasto extra de transporte y usando días de descanso laboral para mi desplazamiento, y habiéndome comunicado el cambio de fecha cuando ya había comprado los billetes de avión y organizado el viaje», explica la queja.

«Cuando llamé al juzgado de Vélez para ver cómo iba el tema, me enteré de que estaba en la calle, en libertad; y ni me enviaron la orden de alejamiento. Varias de las víctimas no la tenían», critica. «Estamos preocupadas. Está en la calle, con muchas pruebas en contra; si hay falta de personal, no es mi problema. Esto debería estar ya solucionado. Todas las víctimas están en Vélez y una se lo ha encontrado en el Burger King».