Educación

Más de 26.000 niños podrían quedarse sin escuela de verano en Málaga

Una nueva interpretación de la ley paraliza por primera vez en veinte años la apertura estival de los centros

10.05.2016 | 05:00

La oferta constituye tradicionalmente una alternativa económica al campamento

Peligran las escuelas de verano. Por primera vez en los últimos veinte años. El cambio de criterio de la Junta de Andalucía en la aplicación de la normativa que regula el calendario escolar, y que, en teoría, prescribe el cierre de las instalaciones durante el mes de agosto, amenaza seriamente con dejar a más de 26.000 niños de la provincia sin el programa estival de actividades y comedores abiertos que habitualmente, y en época no lectiva, se desarrolla en los colegios. Un recurso que en la provincia, y a cuenta de las asociaciones de padres, se viene utilizando desde mucho antes de la aprobación de la ley. Y que, además, cuenta con una amplia demanda. Sobre todo, entre las miles de familias que se ven exhortadas a intensificar su jornada laboral a partir del inicio de la temporada turística y que carecen de capacidad económica para asumir el coste de otro tipo de opciones y de campamentos alternativos.

Según informan fuentes de la FDAPA, que agrupa a los colectivos de padres, la Consejería de Educación ha decidido guiarse este curso por una interpretación taxativa de la orden y, de momento, sigue oficialmente sin autorizar la apertura de los centros. La nueva lectura de la norma choca frontalmente con la visión de las asociaciones, que entienden que el cierre en agosto provoca más daños que beneficios y que ni siquiera sirve para cumplir con el objetivo de ahorro con el que la ley fue promulgada, ya que se trata de colegios y centros de primaria y no de institutos, por lo que la administración autonómica está exenta de sufragar cualquier tipo de personal docente o de vigilancia.

Las mismas fuentes explican que, desde su inicio, las escuelas de verano son subvencionadas íntegramente por las asociaciones de padres, que a veces recurren, para mejorar el servicio, a la contratación de intermediarios y de empresas homologadas. El papel de la Junta se limita a dar el permiso, que en esta ocasión está todavía muy lejos de notificarse. La única posibilidad, dado el nuevo celo legislativo, es que el Gobierno Andaluz acceda a cambiar la normativa, lo que, en cualquier caso, redundaría en el retraso que arrastra la convocatoria. En los cursos precedentes, a estas alturas del año, insisten, la oferta ya estaba perfectamente cerrada. Y no por capricho ni por afán excesivo en la planificación, sino porque es la única manera de cumplir con los trámites, que exigen el estudio y la aprobación posterior de cada uno de los programas por parte del Consejo Escolar.

Mientras explotan, aún sin suerte, la vía de los requerimientos a la Junta, las asociaciones de padres han empezado a trabajar en otra dirección, la de buscar el apoyo de los ayuntamientos, que son, en rigor, los propietarios de los centros de infantil y primaria. La dificultad, en este sentido, es doble: por un lado, las AMPA carecen de la capacidad necesaria para lanzarse a negociar con agilidad con todos los municipios, y, por otro, se corre el riesgo de que la administración autonómica se enroque y rechace, incluso, las peticiones de las propias localidades.

Para la FDAPA, es una cuestión, en suma, que tiene mucho que ver con el modelo económico imperante en Málaga y la igualdad de oportunidades. Las escuelas de verano suponen un instrumento eficaz para resolver los problemas de conciliación laboral y familiar que sufren muchos trabajadores durante los meses de julio y agosto, cuando la afluencia de turistas hace que aumenten las contrataciones y los turnos de trabajo, con las consecuentes dificultades para prestar a los niños la atención que requieren. Y más, agrega el colectivo, en zonas como la Costa del Sol, en las que abunda la emigración y existe una gran cantidad de empleados por temporada que carecen del apoyo que suele proporcionarles en su lugares de origen la llamada red de amigos y allegados.

Las diferencias de presupuesto entre las escuelas de verano y los campamentos son notorias. La oferta de la AMPA, en caso de añadir comedor, suele oscilar entre los 125 y los 130 euros. Un precio por mes bastante más asequible para las familias que el resto de alternativas, que suelen arrancar en cantidades que rondan de medio los 600 euros. La idea de abrir los colegios, explica la FDAPA, surgió precisamente para corregir la desigualdad y brindar la oportunidad de contar con un servicio que para muchos trabajadores se ha convertido en una auténtica necesidad. Y que en la provincia es disfrutado por miles de niños, todos ellos en edades comprendidas entre los 3 y los 12 años.

Los programas estivales tienen especialmente aceptación en Málaga. Y, más concretamente, en los municipios más ligados a la actividad turística, donde el mes de agosto, lejos de funcionar como un tiempo de reposo, constituye el periodo del ejercicio más ajetreado. Mijas, Torremolinos, Marbella o la propia capital, son los que cuentan con más centros tradicionalmente adscritos al programa.

Las asociaciones de padres son conscientes de las dificultades que entraña modificar la norma, pero aún no han perdido la esperanza. «Si hay voluntad se puede hacer, ya sea con una disposición adicional o con cualquier otra fórmula», precisa. Las escuelas de verano llegaron a contar con el respaldo de un convenio de colaboración suscrito por la delegación de Educación y la federación de AMPA. La oferta, sin embargo, sigue en vilo. Y sin respuesta a las peticiones por parte de la Junta.

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