Origen del conflicto

1. El alto coste previsto para ejecutar el tramo soterrado desde el Guadalmedina a La Malagueta, que podría superar los 140 millones de euros sin contar las compensaciones por cerrar el aparcamiento de la Marina, obligó a replantear este tramo de la red de tramo.

2. La propuesta de hacerlo en superficie por la Alameda, defendida por la anterior consejera de Fomento de IU por ser más barata y rápida de ejecutar, no encontró apoyos. Ni siquiera la concesionaria estaba muy convencida.

3. El acuerdo de noviembre de 2013 planteó una salida. El compromiso de llevar el metro hasta Atarazanas soterrado, opción más barata y asumible que La Malagueta, se completaba con un ramal hacia el Hospital Civil con un trazado mixto (soterrado y superficie) para ganar los pasajeros que se perdían por no llegar a La Malagueta. El recorrido había sido consensuado previamente con el Ayuntamiento.

Compromiso económico

1. La clave del acuerdo de noviembre de 2013 es que contaba con el apoyo de la concesionaria y del Banco Europeo de Inversiones (BEI), que aportaba un crédito de 326 millones para construir el metro, de los que quedaban 46 millones. La firma del protocolo liberó el pago de la última aportación del crédito para abrir el metro en 2014 y cerró las cuentas de explotación del metro.

2. El incumplimiento de estos compromisos por parte de la administración generaría el pago de unos 850 millones de euros, correspondientes a la devolución del crédito del BEI (326 millones más intereses) y compensar a la concesionaria en los gastos de explotación, que aumentarían al no alcanzar el número de viajeros necesario para el equilibrio financiero.

3. De la Torre insiste en que no se ha firmado la adenda al protocolo, donde se debería acordar la compensación de más de 40 millones de euros a abonar por el Ayuntamiento por las obras del metro con obras de movilidad. La imposibilidad municipal de justificar la ejecución de estas actuaciones ha frenado la firma.

Vecinos

1. Dos plataformas vecinales se organizaron en contra del proyecto del metro en superficie, dando al Ayuntamiento un argumento más para frenar el tranvía. Los vecinos entregaron 10.500 firmas en contra.

2. El Ayuntamiento asegura que el protocolo prevé el consenso vecinal antes de acometer la obra. El texto recoge que se consultará a los vecinos para la «definición final del proyecto» del tranvía al Civil.